lunes, 12 de diciembre de 2016

Renovada la seguridad privada en las cárceles por 34,6 millones

La adjudicación, un 3,6% más cara que la anterior, se retrasó por la falta de gobierno


El Ministerio del Interior ha vuelto a poner en manos de empresas privadas la seguridad perimetral de las 67 cárceles españolas y lo ha hecho con un coste de 34,6 millones de euros -un 3,6% más que el año anterior- gracias a los cuales se contratarán durante un periodo de doce meses los servicios de más de 900 vigilantes, que en todo momento estarán a las órdenes y ejerciendo como refuerzo de los policías nacionales y guardias civiles destinados en las prisiones. La apertura de este procedimiento se autorizó por el Consejo de Ministros en pleno de mes de agosto pasado, aunque su resolución no ha podido ser desbloqueada hasta finales de noviembre, una vez constituido el nuevo gobierno.
Con la renovación de este servicio se da continuidad a una controvertida experiencia que se inició en 2013 en 21 centros penitenciarios, y que en octubre de 2014 se amplió al resto de las cárceles entre las quejas de sindicatos policiales y de funcionarios, que advirtieron del inicio de una «privatización» en toda regla, ya que el plan original prevé una tercera y definitiva fase que, en principio, supondría la sustitución de empleados públicos por guardias privados.

«Refuerzo», no sustitución

En defensa de este modelo, el Ministerio entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz, argumentó sin embargo que se trata de un «refuerzo», que además ofrece un modo de recolocación a los escoltas que habíanpresentado servicio en País Vasco y Navarra durante la amenaza terrorista, lo que a su vez permitiría trasladar a los miembros de la Policía y Benemérita a labores de seguridad ciudadana. La aprobación el 4 de abril de 2014 de la Ley de Seguridad Privada proporcionó el soporte legal necesario para llevar a cabo esta nueva práctica.
De acuerdo con las condiciones impuestas por el Estado, a los vigilantes corresponderá, además del mencionado control perimetral de las prisiones, el de los acceso -que desarrollarán «con armas de fuego»-, la observación de los circuitos cerrados de televisión y de las alarmas, incluida la correspondiente comunicación a los responsables policiales. Habida cuenta de las particulares características de la prestación, el concurso se ha ejecutado por un sistema «negociado sin publicidad» -esto es, por invitación, a once firmas en este caso-, y la que ha resultado ganadora de tres de los cuatro lotes en que se dividieron los centros penitenciarios españoles ha sidoOmbuds, compañía que ya se ha ocupado de la seguridad auxiliar en ministerios como los de Defensa o el de Interior, departamento este último al que también ha suministrado escoltas para altos cargos. Solo un conjunto de cárceles -Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- ha sido adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) constituida por Coviar, Sabico y Prosetecnisa.
La cantidad de 34,6 millones de euros figura como la suma máxima que el Estado pagará por los servicios recibidos, si bien el desembolso real se calculará en función de una tabla de «precios unitarios» que prevé abonarentre 13,03 y 30 euros netos por hora de trabajo, en función de en qué prisión se desempeñe el puesto, si requiere o no portar armas, si necesita ser cubierto 12 o 24 horas al día o si se realiza en fines de semana.
Habida cuenta de que el Consejo de Ministros estimó que este servicio implicará «más de 900 puestos de trabajo», el cálculo apunta a que el coste por vigilante -que no su sueldo final- estará en unos 36.000 euros al año, una cantidad que los sindicatos denunciaron que supera lo que representa pagar a un funcionario.

Riesgos específicos de las vigilantes de seguridad. Análisis de la situación actual y propuestas prácticas para trabajadoras del sector desde la perspectiva de género









Diversos estudios europeos y españoles evidencian que en la actualidad siguen existiendo importantes diferencias de género en el ámbito laboral. Esta realidad se puede trasladar al sector de Seguridad Privada, caracterizado por un predominio de hombres (80%) frente a mujeres (20%) en el puesto de vigilante de seguridad y en el que se han podido detectar deficiencias en la implantación de la dimensión de género en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, entre las cuales se encuentran las de seguridad y salud.
Con el fin de reducir la discriminación y mejorar la calidad del empleo femenino en el sector de la Seguridad Privada, desde FeS-UGT en colaboración con CCOO de Construcción y Servicios se ha desarrollado a lo largo del 2016 el proyecto “Riesgos específicos de las vigilantes de seguridad. Propuestas prácticas para trabajadoras del sector desde la perspectiva de género”, en el marco de la Convocatoria de Acciones Sectoriales de 2015 financiada por la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales.
Durante el desarrollo del proyecto se ha buscado detectar los aspectos que reflejan la desigualdad existente en materia de prevención de riesgos laborales en el puesto de vigilante de seguridad, así como estudiar sus causas y consecuencias. Como resultado, se ha realizado un documento final que contiene un análisis de la situación y una relación de propuestas para trabajadores/as y empresas que facilite integrar la perspectiva de género en todos los niveles de la organización, especialmente en materia de PRL, y mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas a la seguridad y la salud laborales.
Los materiales resultantes del proyecto han sido:
  • Manual sobre los Riesgos específicos de las vigilantes de seguridad, análisis de la situación actual y propuestas prácticas para las trabajadoras del sector.
  • Tríptico informativo: Propuestas prácticas para las trabajadoras del sector
  • NEWSLETTER de difusion del Proyecto “Riesgos específicos de las vigilantes de seguridad. Propuestas prácticas para trabajadoras del sector desde la perspectiva de género”


jueves, 8 de diciembre de 2016

Interior eleva a 34,6 M. el gasto anual en la polémica seguridad privada de las cárceles

Ombuds es la gran triunfadora del concurso al hacerse con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnica. ACAIP, el sindicato mayoritario en Prisiones, lo califica de "derroche" por el "ineficaz" servicio prestado por estos vigilantes. 
Menos presos, más gasto en seguridad privada. Mientras el número de internos en los cárceles españolas se ha reducido en más de 14.000 reclusos desde 2009, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido gastará más dinero que nunca en contratar 800 vigilantes. En concreto, 34.666.869 euros, según se recogen en la resolución por la que se adjudica el concurso del denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios". Una cifra que supone un incremento de cerca del 4% respecto a la anterior licitación, que fue de poco más de 33 millones. La gran beneficiada ha sido la empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, que se ha hecho con tres de los cuatro lotes en los que se ha dividido el contrato. El cuarto ha sido para una UTE formada por Coviar, Sabico Seguridad SA y Prosetecnica, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El plan de privatización de la seguridad de las cárceles se inició en mayo de 2013 en 21 prisiones. Hoy ya abarca a los 67 centros penitenciarios y ha costado 116 millones de euros
Con esta cantidad, serán cerca de 116 millones de euros el dinero gastado en un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se puso en marcha en mayo de 2013. De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha entonces en 21 cárceles. Entonces se contrató a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que ya abarcó a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones. Estaba prevista que durase un año, aunque se prorrogó un año más por el mismo importe. En total 81,3 millones de euros, a los que ahora hay que sumar ahora los 34,6 millones de euros del concurso ahora adjudicado.
Un elevado coste que es criticado por los propios funcionarios de las prisiones. La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario, vienen denunciando la "ineficiacia" de estos servicios de seguridad privada desde que en 2012, al poco de la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de La Moncloa y con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, se conocieron los planes. Entonces, el Gobierno del PP "justificó" el proyecto en la necesidad de recolocar a los escoltas destinados en el País Vasco que se habían quedado en paro tras el fin de la violencia etarra y en un supuesto ahorro económico. "Todo lo dicho era falso y lo único para lo que ha servido es para favorecer a las empresas de seguridad privada que, como todos conocemos, tienen un importante número de responsables con pasado o relaciones políticas de primer nivel", señalan desde ACAIP. De hecho, este sindicato insiste en negar el ahorro económico, ya que la incorporación de los vigilantes privados no ha supuesto una reducción del número de guardias civiles y policías destinados a la custodia de las prisiones.

"Negociado sin publicidad"
La nueva adjudicación fue firmada el pasado viernes 2 de diciembre por el nuevo secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y en ella se detalla que Interior había invitado a participar en este procedimiento "negociado sin publicidad" por motivos de seguridad a once empresas. Además de Ombuds y las tres que componen la UTE que se llevó el cuarto lote, también figuran Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur, Securitas Seguridad España SA, Seguriber SLU y Seguriberica SA. A todas ellas se les pidió que detallasen en sus ofertas el precio de la hora de sus vigilantes en "puestos armados" y "sin arma", así como en turnos de 24 horas, de doce horas, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entre los aspectos técnicos, se valoró el tiempo para hacer "suplencias derivadas de imprevistos sobrevenidos durante la jornada laboral" y el "número de inspecciones mensuales".
Interior invitó a 11 empresas al concurso. Ombuds se embolsará 26,9 millones de euros. 
Una UTE se llevará los 7,5 millones restantes
Finalmente, Ombuds se llevó los tres lotes de mayor importe. En concreto, los que cubrirán la seguridad de los centros penitenciarios de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (valorado en 10,2 millones de euros), los de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (8,8 millones), y Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid (7,9 millones). En total, esta empresa se embolsará 26,9 millones. El cuarto lote, el destinado a cubrir las cárceles de Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, estaba valorado en 7,5 millones y es el que se adjudicó la UTE formada por Coviar, Sabico y Prosetecnisa. La adjudicación detalla los precios netos por hora de trabajo de cada vigilante de seguridad según turnos y sin van armados. Van desde los 17,52 euros a los 13,30 euros, según diversas variables.

Tres fases
Pese a las fuertes críticas, que también han llegado desde los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, Interior sigue dispuesta a seguir adelante con sus planes, aunque ha dilatado los plazos de su aplicación. De hecho, el proyecto contemplaba la puesta en marcha de una tercera y última fase del despliegue de vigilantes a finales de 2015, pero por el momento ya ha prorrogado en dos ocasiones la actual. De hecho, la nueva adjudicación deja al menos hasta finales de 2017 la entrada de este último paso, que incluirá la reducción de funcionarios y su sustitución por estos empleados de empresas de seguridad privada.
El Gobierno contempla como tercera y última fase del plan de privatización de la seguridad en las cárceles sustituir parte de los funcionarios de prisiones por estos vigilantes
Hasta ahora, estos vigilantes se dedican al control del perímetro de los centros penitenciarios y del acceso a los mismos. También están encargados de atender los circuitos cerrados de televisión y la gestión de los saltos de alarmas. Todo ello, bajo la dirección de los integrantes de la Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones. Una labor en la que, según denuncian desde ACAIP, ya se ha saldado con numerosos incidentes, algunos de gravedad, tanto entre los propios vigilantes como entre ellos y los agentes policiales. "Ha habido despidos y traslados, pero la Administración no ha cancelado el contrato de las empresas afectadas como hubiera sido lo correcto", destacan portavoces del sindicato. Éstas recuerdan el caso de uno de estos empleados de la empresa privada destinado en la prisión de Albocàsser (Castellón), quien sólo fue apartado de dicho destino tras tres graves incidentes violentos. "En abril de 2016 fue detenido tras matar a otro compañero cuando protegía como vigilante de la misma compañía a un atunero en aguas de Somalia", señalan para recalcar la falta de control de estas empresas sobre sus trabajadores. 


90.000 policías locales tendrán que esperar para jubilarse a que haya Gobierno

El Ejecutivo venía alegando que los alcaldes se oponían. Ahora acaba de recibir la aprobación, pero reconoce problemas para ejecutar la decisión porque está en funciones

El adelanto de la jubilación a los 60 años de casi 90.000 policías en toda España no será inminente a pesar de las reclamaciones de los sindicatos policiales. A no ser que se forme Gobierno en las próximas semanas. No fue aprobada antes de las elecciones de diciembre, cuando fue prometida públicamente, y el Ejecutivo está ahora en funciones.


Según ha confirmado El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, el Ministerio de Empleo cuenta ya con los informes técnicos que avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales.
Los análisis realizados por la Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la Inspección de Empleo señalan que el colectivo cuenta con los requisitos legales exigidos.

Acaba de recibir el dictamen de la FEMP

El Gobierno ha recibido también ya el dictamen de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha pronunciado a favor de la medida. Por tanto, el departamento que dirige Fátima Báñez está ya en disposición de elaborar una normativa que permita regularizar esta situación.
La FEMP considera que el Gobierno debe aprobar “con la mayor diligencia y celeridad” un Real Decreto que contemple la jubilación anticipada de policías locales, a los 59 años sin penalización en su pensión futura.
Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización
La medida permitirá adelantar la edad de jubilación a los 60 años, sin perder poder adquisitivo, a87.000 efectivos de 2.500 plantillas, entre agentes locales y autonómicos (incluidos Mossos y Policía Foral). De esta manera, se equipararán las policías locales con otros colectivos parejos, como la Policía Nacional o los bomberos.

Buscar una fórmula distinta al decreto ley

Pero ahora surge, además, otro contratiempo que obliga a aplazar la aprobación del decreto. Motivo: el Gobierno se halla en funciones, a pesar de que las Cortes no se encuentran disueltas. Está circunstancia está obligando a explorar una fórmula distinta a la del decreto ley, como una orden ministerial, para dar luz verde a la jubilación anticipada de estos efectivos.
Hay que recordar que el artículo 86 de la Constitución establece que, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.
Resulta, por tanto, complicado para el Gobierno justificar ante el resto de grupos parlamentarios una medida así como “urgente y necesaria”. No obstante, la mayoría de los partidos se muestran a favor de esta reforma.
Los decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto si las Cortes están disueltas como ocurre ahora, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso tiene que pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación.

Había previsto aprobar la medida hace un año

El Gobierno tenía previsto aprobar un decreto ley con esta medida hace casi un año, incluso antes de las generales del 20 de diciembre, pero ha venido encontrando dificultades para recopilar los datos necesarios que debían entregar más de un centenar de ayuntamientos de toda España. La ministra Báñez se comprometió públicamente en noviembre pasado a sacar adelante la reforma de manera inminente.
Inspectores de Trabajo, con los que ha venido hablando ECD en los últimos meses, aseguraban que incluso habían tenido que desplazarse desde Madrid a algunas capitales de provincia para que les facilitaran la información requerida.
Esta colaboración resultaba fundamental para la elaboración de los informes que deben acompañar al decreto ley. Los alcaldes se venían resistiendo a facilitarla, argumentando que, si se aprueba la jubilación anticipada, las calles de sus ciudades se quedarían sin policías locales.


miércoles, 30 de noviembre de 2016

COMUNICADO SECCIÓN SINDICAL ESTATAL SEGUR IBERICA SA





El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales


El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.
La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.
Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.
El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.
El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).