Planes de Igualdad de la Empresa SECURITAS Seguridad y de la Empresa SERVISECURITAS.

El pasado jueves, 21 de enero, se renovaron y firmaron los Planes de Igualdad de “Securitas” y “Servicio Securitas”.

Por parte de la empresa ha participado en estas negociaciones la Dirección de Recursos Humanos, la de Aprovechamiento del Talento, y la de Prevención de Riesgos Laborales, junto con los sindicatos UGT, CCOO y USO.

Los Planes firmados serán de aplicación a toda la plantilla y a todos los centros de trabajo.

Aunque la Plantilla de Securitas, sector de seguridad, tiene muchos más hombres que mujeres, el Plan recoge el compromiso de la empresa para que no se produzcan discriminaciones y todo el mundo tenga acceso a los distintos puestos, donde la valoración principal será la idoneidad para los mismos.

También el compromiso para la formación en igualdad de las plantillas, y de las personas responsables de las mismas.

Medidas para facilitar la conciliación, y promover la corresponsabilidad.

Se anexa al Plan un Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, que se comunicará a toda la plantilla, junto con el  Plan.

Se incluye un capítulo de Violencia de Género, para visibilizar y trasmitir los derechos que tienen las víctimas en el ámbito laboral, lo que demuestra también, el compromiso de la empresa en esta área tan sensible e importante.

Se hace una valoración positiva de estos dos Planes, que se han elaborado sobre los diagnósticos de las plantillas, manteniendo reuniones de trabajo constantes y respetuosas con todos los temas, hasta lograr el acuerdo. Se dará la mayor difusión al Plan por parte de la empresa y de la parte social, y a temas concretos de sus contenidos, y se realizarán los seguimientos oportunos para poder cumplir sus objetivos.

Por parte de la empresa firman:

• Director de RR.HH, de la empresa  Securitas y Servisecuritas – D. Víctor Jiménez
• Directora Nacional de Gestión de Talento- Dña. Alicia Gómez de Hinojosa
• Director de RR.HH. de STAS- D. Francisco Bragulat
• Director de Calidad, medio ambiente y Prevención de Riesgos – Juan Antonio Madurga

Por parte de UGT.

• María Luisa Cubero (UGT)
• Nieves García (TÉCNICO UGT)
• Isabel María Sánchez Olmedo (UGT)
• Antonio Expósito Toscano (UGT)

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UGT Aragón denuncia a 15 empresas de seguridad por incumplir el convenio colectivo

La denuncia se ha hecho ante la Inspección de Trabajo por no elaborar ni entregar los cuadrantes anuales a los trabajadores.

La Federación de Servicios (FeS) de UGT Aragón ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a 15 empresas de seguridad, la mayoría de las que operan en la Comunidad autónoma, por el"incumplimiento reiterado" del convenio colectivo por no elaborar, ni entregar los cuadrantes anuales a los trabajadores.

En una nota de prensa, esta organización sindical ha advertido de la "absoluta descoordinación de la operativa en estas empresas", que "conduce a la ausencia de conciliación de la vida laboral y familiar, y a la realización de horas extras".

Según ha explicado UGT, el convenio colectivo proporciona una "herramienta" para el mantenimiento del empleo y su crecimiento, como es el cuadrante anual y por eso "es inconcebible que la mayoría de las empresas del sector sigan sin realizar, ni entregar a los trabajadores, lo que por ley están obligadas".

Para este sindicato, el cuadrante es "fundamental para la organización del trabajo y para que los trabajadores conozcan con tiempo los turnos".
En este sentido, la Inspección de Trabajo ha respondido a una consulta de representantes sindicales sobre esta cuestión "que el cuadrante anual es considerado en estos términos como el calendario laboral, tal y como recoge el Estatuto de los Trabajadores". 

UGT Aragón ha precisado que la crisis económica "ha ocasionado la reducción de horas de servicio, lo que ha llevado a un descenso de la contratación", si bien "el cumplimiento del convenio colectivo conduciría a la recuperación y la mayor estabilidad del empleo en un sector muy castigado durante los últimos años".

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes de seguridad y personal de emergencias

La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes de seguridad y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.

El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a  los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General de Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno.

El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel mas multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un “sinisetros, calamidad publica o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de susu funciones”.

También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén presrtando un servicio legalmente encomendado.

Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acud3en al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado y resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.

Vigilantes de seguridad por 700 euros al mes para proteger servicios públicos

Los profesionales de seguridad pasarían de cobrar algo menos de 1.100 euros brutos al mes a poco más de 700 euros si, como prevén, el concurso lo gana una empresa que se descuelga del convenio

Los centenares de vigilantes que controlan la seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid están de uñas y dispuestos a todo. El próximo 2 de febrero, el Gobierno regional abre la licitación del concurso público al que pujarán tres empresas. Se trata de Sasegur, Alerta y Control (que es la que se encarga hoy de la gestión) y Marsegur. Los profesionales, que deben subrogarse a la empresa que salga adjudicataria, tienen pavor a que sea esta última la que finalmente gane el concurso.

Y no es en vano su temor, ya que habitualmente la Comunidad de Madrid adjudica el concurso a la sociedad que ofrece el precio más barato y Marsegur es conocida por tender siempre a la baja, pero a costa de pagar por debajo del convenio a sus empleados. De ahí que los vigilantes se encuentren inquietos, ya que podrían ver reducido su sueldo en un 30%, según estiman ellos mismos, con base en los salarios que esta empresa abonó en otros servicios similares.

Esta reducción, en caso de llevarse a cabo, supondría que el sueldo de los vigilantes, que actualmente no llega a los 1.100 euros brutos al mes, según denuncian ellos mismos, bajaría hasta los algo más de 700 euros. 

Desde la empresa, admiten que pagan salarios inferiores a los del convenio colectivo, pero que estos no son de 700 euros, sino que se acercan más a los 900 mensuales. Lo hacen, defienden, porque la compañía cuenta con un convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y totalmente legal.

En la mencionada misiva, sin embargo, entienden que algunas "empresas que están vulnerando flagrantemente el mercado de la competencia" y las "administraciones públicas son colaboradoras necesarias (...) al permitir que participen en concursos públicos e incluso contratarlas". "Están bajando las ofertas económicas" debido a que "han creado convenios propios en los que las condiciones de los trabajadores han sido rebajadas en un 20 y en un 30%", continúa.

Los vigilantes culpan a la reforma laboral de esta inestabilidad salarial, porque permite "fórmulas para que las empresas que sufran pérdidas o las prevean puedan acogerse a realizar descuelgues salariales o crear sus propios convenios colectivos". "El desarrollo de estos convenios de empresa (...) está generando una tremenda división entre las empresas del sector", prosiguen los profesionales de la seguridad, que consideran que la legislación está suponiendo una verdadera "trampa" para "esas otras empresas que también sufren los rigores de la crisis" pero siguen aplicando el convenio estatal para no vulnerar los derechos de los trabajadores.

Elegir la oferta más ventajosa supone, en este caso de Madrid y en otros, "un verdadero atentado a la dignidad de todo un colectivo de trabajadores que tiene que soportar cómo unas pocas empresas en su afán de lucro rebajan los salarios (...) de manera fraudulenta". Todos los casos denunciados en los tribunales han salido adelante en los juzgados de lo social, pero a las empresas les compensa aun así seguir con esta política, ya que para ellas la lentitud judicial "propone unos plazos que suponen unas condiciones mejores que las de cualquier financiación bancaria".

Los vigilantes están dispuestos a todo si finalmente Marsegur gana el concurso. Aunque el lugar todavía no está concretado por los profesionales implicados, podrían tener lugar ante el Gobierno de Madrid, la Asamblea e incluso la propia empresa de seguridad.

Únicamente Ciudadanos se ha interesado por su situación. El partido de Albert Rivera, afirma, les ha anunciado que realizará propuestas en la Asamblea de Madrid para "penalizar a las empresas que paguen por debajo de convenio, paguen tarde o no cumplan los contratos".

Jornadas Observatorio Sectorial de Seguridad Privada

Se han celebrado en el día de hoy en nuestra Escuela Julian Besteiro, unas Jornadas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, con la presencia de D. Andrés Sanz Teniente Coronel Jefe Servicio SEPROSE Guardia Civil y D. Esteban Gándara Comisario Jefe Unidad Central Seguridad Privada Policia Nacional.

                                     

• NOTA DE PRENSA JORNADAS

Partidos y sindicatos piden solución para los vigilantes del hospital

«Me consta que desde el Principado se está haciendo todo lo posible», asegura la alcaldesa, Mariví Monteserín

Los vigilantes de seguridad del hospital San Agustín fueron ayer uno de los protagonistas de la sesión plenaria. Algunos de ellos acudieron  al Ayuntamiento y su complicada situación laboral fue objeto de ruegos y preguntas por parte de varios grupos municipales, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida y Ciudadanos, pero los trabajadores no encontraron la respuesta que buscaban.

Los grupos instaron a la alcaldesa a que mediase en el conflicto y pidiese tanto al Sespa como a la propia gerencia del área sanitaria que diesen una solución a este problema y también a la escasez de personal en algunos servicios, especialmente en el de Urgencias. «Me he interesado por la situación y me consta que tanto el hospital como el Sespa están trabajando en ello», aseguró la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recordó que la competencia sobre estas cuestiones pertenece al Principado y no al Ayuntamiento.

Con respecto a los vigilantes, la regidora aseguró haber trasladado al Gobierno regional «lo difícil que es trabajar sin seguridad», y que le consta que desde la Consejería de Presidencia, responsable de este asunto, «se está haciendo todo lo posible para encontrar una fórmula» que permita una contratación que saque del limbo a los trece empleados del servicio.

La empresa adjudicataria de la seguridad, SEN, se encuentra en concurso de acreedores y no abona las nóminas de sus empleados desde el mes de octubre. El Principado intentó una nueva adjudicación, pero al concurso sólo se presentó una empresa que renunció por encontrarse muchos de los empleados de baja en aquel momento. Los trabajadores avilesinos iniciaron anteayer una huelga indefinida y hoy protagonizarán una concentración en el San Agustín, tras lo que procederán a instalar un campamento en el hospital.

Ayer recibieron el respaldo de la Junta de Personal del Área Sanitaria, que manifestó a través de un comunicado su «apoyo incondicional» a las medidas de presión ejercidas por el colectivo y reclamó una solución «inmediata» para ellos. Esa solución pasaría por «la contratación de una nueva empresa que se haga cargo de un servicio imprescindible para el buen funcionamiento tanto de centros de salud como del propio hospital». La Junta de Personal exige la rescisión del contrato con SEN y la contratación por la vía de urgencia de otra compañía. «La Consejería de Presidencia puede acortar los plazos», aseguraron.

Adjudican a Eulen el servicio de atención de llamadas de Bomberos y la Policía Local

El contrato tiene una duración de un año prorrogable por otro y su importe es de 845.064 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga también aprobó ayer la contratación del servicio de atención de llamadas de emergencia de los teléfonos del Real Cuerpo de Bomberos (080) y de la Policía Local (092), que se adjudicó a la empresa Eulen por un importe anual de 845.064 euros.

A través de ambos teléfonos se recibieron el año pasado 130.240 llamadas. El contrato previsto es para el periodo de un año, con la posibilidad de ser prorrogado otro ejercicio más. La oferta de Eulen, informó ayer el Consistorio, fue la más ventajosa y supone una disminución de 5.093 euros respecto al contrato actual, que finaliza el 31 de enero.

Quedan excluidos de este nuevo contrato los servicios de atención ciudadana del 010, que se desvincularon del Centro Municipal de Emergencia, tanto desde el punto de vista de la ubicación física como tecnológicamente. El 010 se ubica ahora en Tabacalera y la gestión de llamadas se realiza a través de otra plataforma. Canaliza únicamente el 23% del total de las llamadas computadas el pasado año, mientras que a través del 080 y el 092 se reciben el 76,97%.

A lo largo de 2015, el mayor número de llamadas se recibió en el 092, con 116.083 comunicaciones, mientras que en el número 080 se recibieron 8.024. A estas cifras se suman las que se desvían desde el 112, que fueron 1.834 al 080 y 4.299 al 092.

Jornadas Observatorio Sectorial de Seguridad Privada 27 enero. Escuela Julián Besteiro

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• Programa Jornadas

Programa Jornadas

Renfe reparte entre nueve empresas su 'macrocontrato' de seguridad y vigilancia de 173 millones

Renfe ha repartido entre nueve compañías el contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad en sus estaciones e instalaciones para los próximos tres años por un importe conjunto de 173 millones de euros.    Se trata de uno de los 'macrocontratos' promovidos o resueltos por la compañía ferroviaria en los últimos meses, junto con los de implantación de 'wifi' en los trenes AVE, el de servicios de limpieza o el de suministro de nuevos trenes de Alta Velocidad.

En el caso del contrato de seguridad, la operadora ha resuelto contratarlo con nueve compañías. Se trata de Eulen, Prosegur, Ombuds, Segur Ibérica, Garda Servicios de Seguridad, Mega 2 Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, Servicios Integrales de Seguridad y Transportes Blindados.    Segur Ibérica y Prosegur se han hecho con los dos lotes de mayor importe, de 27,68 y 24,08 millones de euros, respectivamente, según datos oficiales de Renfe que recoge Europa Press.

El correspondiente a Eulen se ha contratado en 16,81 millones de euros y el de Ombuds asciende a 17,61 millones.

Asimismo, el lote que ha conseguido Garda Servicios se sitúa en 18,10 millones, el de Mega 2 Seguridad en 19,9 millones, el de Protección y Seguridad en 18,08 millones, el de Servicios Integrales de Seguridad en 16,45 millones y el de Transportes Blindados, en 17,10 millones.

En virtud del contrato, estas compañías deberán prestar servicios de guardias de seguridad y de vigilancia en las estaciones de tren competencia de Renfe, esto es, las de Cercanías, así como en las oficinas y el resto de instalaciones de la operadora durante un periodo de tres años.

Conflicto Colectivo MARSEGUR

Otro éxito en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores desde FeS-UGT. “El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia por la demanda presentada, por FeS-UGT que impugnaba el convenio de la empresa MARSEGUR en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. El fallo estima parcialmente la demanda de impugnación y declara la inaplicación de los artículos 10 al 20 del convenio mencionado (que afecta al Capítulo de Retribuciones), y cuya vigencia es del 1 de noviembre de 2014 al 30 de octubre de 2018, por concurrir con el Convenio Estatal de empresas de Seguridad, publicado en abril de 2013..

• Conflicto Colectivo MARSEGUR