La Fiscalía solicita el archivo de la denuncia de Alba contra Ramírez

José Antonio Díez ha solicitado el archivo y sobreseimiento de la denuncia presentada por el juez Salvador Alba contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.

El fiscal de Delitos Tecnológicos José Antonio Díez ha solicitado el archivo y sobreseimiento de la denuncia presentada por el juez Salvador Alba contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por la grabación de una conversación entre ambos, han informado a Efe fuentes del caso.

La denuncia la investiga el Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular, Rafael Passaro, ha aplazado la declaración prevista para hoy de Alba, así como la del empresario y su abogado Sergio Armario, denunciados por el magistrado por supuestas coacciones y revelación de secretos, entre otros delitos, han señalado las fuentes.

Passaro ha decidido aplazar estas declaraciones a petición de Alba, ante la imposibilidad de que hoy pudiera asistirle su abogado, Nicolás González Cuellar, así como porque ha dispuesto demorarla hasta conocer el resultado de la prueba pericial que efectúa la Guardia Civil sobre la grabación aportada por Ramírez, que fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La magistrada de lo Civil y Penal del TSJC, Margarita Varona, pidió esa pericial en la investigación penal que sigue contra Salvador Alba porque de su contenido podría desprenderse que el juez orientó a Ramírez sobre lo que tenía que declarar en una causa por fraude fiscal en la que está imputado para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, a cambio de supuestos beneficios procesales para él.

El magistrado de Instrucción número 2 ha reclamado por ello esta prueba para aportarla a su causa, que las defensas del empresario Miguel Ángel Ramírez y Sergio Armario, también han reclamado que se archive, según las fuentes.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria se ocupa de la denuncia que Alba formuló contra Ramírez y el letrado Sergio Armario, a raíz de que el empresario entregara al Juzgado de Instrucción número 8 la grabación de su conversación con el magistrado.

Alba entonces presentó su denuncia en el juzgado de guardia y, por turno de reparto, le correspondió al número 2.

Tras comparecer hoy Alba ante Passaro, lo han hecho Miguel Ángel Ramírez, quien ha declinado hacer declaraciones a los periodistas, si bien ha afirmado no estar preocupado por la denuncia porque "no tienen ningún problema", y posteriormente lo ha hecho Sergio Armario. No obstante, en todos los casos, el juez les ha comunicado que sus declaraciones quedan aplazadas.

El empresario y presidente de Seguridad Integral Canaria ha entrado hoy por la puerta principal de los juzgados y pasado los controles de seguridad como cualquier otro ciudadano, ya que en una comparecencia judicial anterior en el mes de marzo, lo hizo por el garaje, lo que suscitó algunas críticas sindicales.

Miguel Ángel Ramírez está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria acusado de haber defraudado varios millones de euros a Hacienda y la Seguridad Social, al declarar las horas extraordinarias que realizaban los empleados de Seguridad Integral Canaria sistemáticamente como si fueran dietas, que no tributan.

De ese procedimiento se han derivado dos causas penales contra dos de los jueces que lo han dirigido: una querella por prevaricación, cohecho y retardo malicioso presentada por el exministro José Manuel Soria contra la magistrada Victoria Rosell, y la investigación contra Alba por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, y ambos casos los instruye el TSJC.

Se constituye por primera vez la Mesa de Coordinación para la Protección de las Infraestructuras Críticas

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) constituyó el pasado día 15 de junio, en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Mesa de Coordinación para la Protección de las Infraestructuras Críticas, presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos.

En este encuentro han participado representantes de los operadores críticos de diferentes sectores estratégicos recogidos en la Ley 8/2011, sobre Protección de Infraestructuras Críticas. La mesa ha sido inicialmente compuesta por altos responsables de seguridad del Sector de la Energía (tres representantes: electricidad, gas y petróleo), del Sector del Transporte (tres representantes: aéreo, marítimo y carretera), del Sector de la Industria Nuclear, del Sector del Sistema Financiero y, por último, del Sector del Agua.

La Mesa de Coordinación Protección de Infraestructuras Críticas es una de las directrices que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, marcó como prioritarias, dentro del recientemente actualizado (febrero de 2016) Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (PNPIC), que ha venido a sustituir al anterior Plan, que databa de mayo de 2007.

Esta Mesa tiene como objetivo fundamental acercar a la Administración y a los operadores de servicios esenciales en la coordinación de medidas operativas de seguridad. En este sentido, se prevé su funcionamiento como órgano permanente de apoyo para el seguimiento y coordinación de las medidas de protección activadas, por los operadores críticos, así como para el establecimiento de procedimientos de colaboración y comunicación entre los distintos agentes del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas.

La Mesa de Coordinación para la Protección de las Infraestructuras Críticas nace con un carácter eminentemente operativo, ya que servirá para transmitir a la comunidad de operadores críticos (más de 100 a día de hoy), a través de sus representantes, información relevante, propuestas y buenas prácticas en el marco de la protección de las infraestructuras críticas y del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista. Por otra parte, posibilitará la constitución de un foro permanente de discusión, abierto y dinámico, entre la comunidad de operadores de servicios esenciales y la Autoridad en materia de protección de las infraestructuras críticas.

En su primera reunión, además de la constitución de dicha Mesa, los asistentes han sido informados de primera mano de la situación actual en lo relativo al nivel de la amenaza terrorista, las acciones puestas en marcha por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el CNPIC en relación con la implantación del Sistema de Protección de las Infraestructuras Críticas, y otra serie de medidas operativas que, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, se están ejecutando para la mejor protección de las infraestructuras críticas y de los operadores que las gestionan.

El Gobierno ficha a una firma de seguridad vinculada a un empresario condenado

Marsegur ha ganado el concurso público para vigilar el Consejo de Garantías Estatutarias

El contrato de la Generalitat con la empresa  Marsegur para que se encargue de vigilar el  Consejo de Garantías Estatutarias ha hecho saltar la alarma en el sector de la seguridad privada.  Marsegur paga un 30% menos de lo que marca el convenio del sector, con unos sueldos poco por encima de los 700 euros al mes pero, además, que Marsegur está vinculada con un empresario rodeado de polémica. Es Miguel Ángel Ramírez , conocido como el rey de la seguridad de las Canarias, condenado -y indultado- por delito urbanístico y investigado por fraude fiscal.

A Ramírez le condenaron a tres años de prisión para hacer obras como un estanco de 400 metros cuadrados y dos aparcamientos en una finca protegida y en suelo rústico que había comprado cerca de Las Palmas. En 2013 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, le rebajó un año la condena -lo que le ha permitido evitar la cárcel- si lo derribaba todo. El Tribunal Supremo anuló el indulto porque faltaba un informe de la Audiencia Provincial pero Justicia lo volvió a tramitar. Los problemas de Ramírez con los tribunales no acaban aquí: está encausado por fraude a Hacienda ya la Seguridad Social . Hace pocos días, sin embargo, la juez del caso  le ha rebajado la fianza de 17 millones de euros -lo que se calcula que defraudar- a 3,2 millones.

Ramírez está condenado por delito urbanístico y investigado por fraude fiscal

Hay una sentencia de mayo, de la Audiencia Nacional, que declara nulo el convenio de Marsegur porque no se negoció correctamente y tampoco se hizo con representantes de los trabajadores suficientemente representativos. "El convenio no nos la hemos inventado, está publicado en el BOE y es perfectamente legal", asegura a este diario el propietario de Marsegur, Antonio Redondo . La sentencia, además, dice que la rebaja salarial respecto del convenio del sector llega al 54% y es "una ventaja injusta" para la competencia . Redondo mantiene que llevarán el caso al Tribunal Supremo.

Cuando salió la sentencia el mes pasado ya hacía dos meses que el Consejo de Garantías Estatutarias, que depende de la Generalitat, había firmado el contrato de 87.000 euros con Marsegu r, un contrato que se puede prorrogar un año más y que tiene un valor estimado total de 174.000 euros . Fuentes del Consejo aseguran que no sabían nada del conflicto con el convenio ni de la relación de la empresa con Ramírez, pero que ganó el concurso para que presentó la oferta más económica sin que fuera "temeraria" -demasiado barata para poder ser real sin irregularidades-. No podían haber hecho más que adjudicarle, insisten, porque si no, habrían vulnerado la ley a sabiendas, habrían prevaricado.

Después de la primera nómina los empezaron a llegar las quejas de los trabajadores que habían perdido una buena parte de su sueldo. Algunos, según fuentes sindicales, se han marchado. El contrato del Consejo es el primer pie de Marsegur al Gobierno, pero ya avanza por hacerse un hueco en Cataluny a: también se ha presentado a un concurso para la vigilancia del puerto de Mataró ya otro para la de la Instituto Municipal de Informática de Barcelona . Según fuentes del Consejo, Marsegur tiene unos 700 contratos públicos con administraciones de todo el Estado.

Marsegur también busca contratos del Ayuntamiento de Barcelona y del puerto de Mataró

"Me querellaré contra todo el que diga que esta empresa es de Ramírez, porque esto es mío y cuesta mucho salir adelante", avisa Redondo. Y tiene razón, al menos sobre el papel: Miguel Ángel Ramírez no figura en ninguna parte como dueño de la empresa aunque el nombre de Marsegur comienza con las iniciales del polémico empresario (MAR). Además, las dos apoderadas de Marsegur son el ex administrador y la actual administradora de MAR Asesores y Consultores, propiedad de Ramírez. Sin embargo Redondo encuentra normal poner los poderes de su empresa en manos de dos trabajadoras de uno de sus principales competidores : "Son de una consultoría que tengo contratada para cuando no estoy", afirma.

Para rematar, Redondo es el presidente de Acosepri , una patronal de la seguridad formada por sólo tres empresas a parte de su: Seguridad Integral Canaria, propiedad de Ramírez; Power Sic, controlada por otra de las empresas de Ramírez; y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, también relacionada con la trama y con Marsegur. Sin embargo Redondo afirma que Ramírez con él sólo tiene una cosa en común: "Convivimos en la misma comunidad" -las Islas Canarias-, dice.

Miguel Ángel Ramírez, rodeado de polémica

Indulto con oposición

Tanto el juez que condenó Ramírez por delito urbanístico como el fiscal se opusieron al indulto. Se concedió de todos modos en 2013. Según El País , esto sólo había pasado en el 6% de los 690 indultos de los dos años anteriores.

Apoyo del ministro Soria

Diez días después de que el BOE publicara el indulto, el ministro José Manuel Soria acompañó Ramírez a la inauguración de un nuevo negocio: un concesionario de BMW, tal como se puede ver en este vídeo . "Es el concepto más puro de emprendedor que conozco", dijo el ministro.

Donaciones al PP y medalla

En 2011 una empresa en la que Ramírez figuraba como apoderado dio 50.000 euros al PP , según el diario La Provincia. El empresario  recibió en 2010 la Medalla al Mérito Militar del ejército español.

GUÍA COTIZA 2016

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La reforma del Código penal ha introducido el delito de acoso

La reforma del Código penal ha introducido como nuevo delito, el delito de acoso, que está castigado con pena de prisión o de multa.

El delito de acoso no existía como tal antes de laReforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

El artículo 172 ter del Código Penal tipifica el delito de acoso, también denominado ” delito de stalking“, dentro de los delitos contra la libertad , y en concreto en el Capitulo III “de las coacciones“.

¿ Qué conductas tipifica el delito de acoso ?

El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

• 1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

• 2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

• 3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella (EJEMPLO: casos en que el sujeto activo publica un anuncio en Internet ofreciendo algún servicio que provoca que la víctima reciba múltiples llamadas.)

• 4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

El nuevo delito de acoso está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de coartar la libertad de la víctima, (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete apersecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas u otros actos continuos de hostigamiento.

El bien jurídico protegido aquí es la libertad de obrar, entendida como la capacidad de decidir libremente. Las conductas de “stalking” o delito de acoso,  afectan al proceso de formación de la voluntad de la víctima en tanto que la sensación de temor eintranquilidad o angustia que produce el repetido acechamientopor parte del acosador, le lleva a cambiar sus hábitos, sus horarios, sus lugares de paso, sus números de teléfono, cuentas de correo electrónico e incluso de lugar de residencia y trabajo.

Sólo adquirirán relevancia penal las conductas que limiten la libertad de obrar del sujeto pasivo, sin que el mero sentimiento de temor o molestia sea punible.

¿ Qué pena lleva aparejada el delito de acoso ?

Será castigado con la pena de PRISIÓN de 3 meses a 2 años o MULTA de 6 a 24 meses ( Se le impondrá prisión o multa, una sola de ellas pero no las dos).

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de PRISIÓN de 6 meses a 2 años (siempore será la pena de prisión, no cabe la multa).

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, como por ejemplo “aquel que sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes ohermanos  propios o del cónyuge o conviviente…” , se impondrá una pena de PRISIÓN de uno a 2 años, otrabajos en beneficio de la comunidad de 60 A 120 días días.

En el caso de que la vícitma sea una de las personas que refiere el art. 173. 2  no será necesaria la denunciade la persona agraviada para peseguir el delito.

Sentencia de condena por delito de acoso

–  Juzgado de Instrucción nº 3 de Tudela, sentencia 23.03.2016: ” El acusado muestra su conformidad con los hechos y la pena solicitada. En cuanto a los hechos, queda probado que en diferentes fechas a lo largo del mes de Marzo de 2016, a raíz de conocer a la denunciante por la pérdida y recuperación de un perro de su propiedad, comienza a hacer llamadas al teléfono de la misma, mensajes de whatsapp escritos y deaudio, le remite fotografías y finalmente comienza a remitirle mensajes de contenido sexual, alterando la normal vida de la denunciante.

Se condena al acusado como autor de un delito de acoso la pena de DE MULTA de 4 meses con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace un total de 480 euros, (cuatrocientos ochenta euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Se impone la prohibición de acercarse a la víctima, a una distancia no inferior a 50 metros, de acercarse al domicilio de la misma y lugares frecuentados por ella conocidos por el condenado, así como comunicarse con ella de cualquier forma o manera, por escrito, por correo postal, verbalmente, por e-mail, correos electrónicos o terceras personas por plazo de 6 meses“.

OBSERVACION: Dependiendo de la condena impuesta por el delito de acoso el plazo de cancelación de antecedentes penales variará en función de la misma.

El Gobierno de EEUU emite reglas para el uso de drones con fines comerciales

Estarán prohibidos los vuelos nocturnos y por encima de las personas.

El Gobierno de EE.UU. emitió ayer unas normas para el uso de pequeños Drones (aeronaves no tripuladas) con fines comerciales, educativos y científicos, entre otros, como parte de unos requisitos específicos de seguridad y operativos.

Estas directrices, las primeras de alcance nacional, fueron emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y afectarán a los drones con un peso máximo de 25 kilos.

Entre los requisitos figura que los propietarios de esos drones pasen un examen de conocimientos por escrito y los controles de seguridad a los que se someten los pilotos de aviones tripulados.

Además, estarán prohibidos los vuelos nocturnos y por encima de las personas.

Asimismo, las nuevas normas establecen que las aeronaves no tripuladas deberán estar a una distancia de al menos 8 kilómetros de los aeropuertos y volar siempre a una altitud inferior a los 122 metros. En octubre pasado, la FAA anunció la obligatoriedad de que todos los operadores de drones recreativos se registren para poder identificar a posibles infractores.

Empresas como Google, Amazon y DHL están actualmente en fase de pruebas para el uso de drones en la entrega de productos y la FAA mantiene conversaciones con esas compañías al respecto

De acuerdo con la Casa Blanca, las estimaciones del sector sugieren que, en los próximos diez años, los drones con fines comerciales pueden generar más de 82.000 millones de dólares para la economía de EE.UU. y sustentar hasta 100.000 puestos de trabajo.

A comienzos de 2015, el presidente de EE.UU., Barack Obama, abogó por imponer regulaciones al uso comercial y recreativo de drones, una industria en expansión, después de que uno de esos aparatos se estrellara en los jardines de la Casa Blanca.

Poco después, la FAA divulgó su propuesta inicial sobre las normas emitidas hoy y la Casa Blanca publicó un memorando firmado por el mandatario para asegurar que las agencias gubernamentales que usan estas aeronaves en campos como la agricultura o la seguridad fronteriza, lo hagan con respeto a la privacidad y las libertades civiles.

Ramsee, un robot diseñado para ser vigilante de seguridad

La evolución en el ámbito de la robótica que hemos experimentado en los últimos años ha hecho saltar las alarmas para buena parte de los trabajadores.

En la actualidad hay robots que están capacitados para llevar a cabo infinidad de actividades que les permiten ejercer diferentes profesiones de una manera más eficiente que los operarios humanos. Tanto es así que un reciente estudio de la Universidad de Rice en Houston vaticina que para el año 2045 la mitad de los empleos los desempeñarán los androides.

Ahora son los vigilantes de seguridad los que tienen que preocuparse por la competencia de los robots. Gamma 2 Robotics, una compañía con sede en Colorado (Estados Unidos), ha desarrollado un androide especialmente diseñado para patrullar en diferentes espacios.

Se trata de un sistema completo y autónomo preparado para efectuar cualquier tipo de vigilancia. La máquina está equipada con ruedas y un motor para desplazarse sin dificultad sobre cualquier superficie.

Cuenta con una cámara integrada que tiene visión infrarroja y puede grabar vídeo en 360 grados. Dispone de conexión a internet para poder enviar las imágenes en tiempo real, así como notificaciones y alertas. con diversos sensores que le permiten detectar el movimiento, el calor, el fuego, el humo o el gas, entre otros ejemplos. 

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"Ramsee va a cambiar el mundo de la seguridad, ya que nunca descansa y su coste es mucho inferior al de otros servicios de seguridad", asegura en un comunicado Lew Pincus, CEO de Gamma 2 Robotics. 

No obstante, el fabricante no pretende que este robot sustituya a los vigilantes de seguridad, sino que piensa que es el compañero perfecto para los humanos. "Es ideal para las patrullas aburridas, sucias y peligrosas durante la noche que nadie quiere hacer", explica Pincus. 

Así son las grabaciones que comprometen a Fernández Díaz

Movilizaciones de los trabajadores de sector de seguridad privada en Madrid

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Economía.- El sector de la seguridad privada marca sus cinco prioridades legislativas y reglamentarias ante el 26J

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano de actuación formado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector de la seguridad privada, marca a los partidos cinco prioridades legislativas y reglamentarias para el sector ante las elecciones del próximo domingo, entre las que se incluye el desarrollo de un modelo de formación profesional para los futuros profesionales y la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, órgano de actuación formado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas del sector de la seguridad privada, marca a los partidos cinco prioridades legislativas y reglamentarias para el sector ante las elecciones del próximo domingo, entre las que se incluye el desarrollo de un modelo de formación profesional para los futuros profesionales y la trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública.

Así lo señalan en un comunicado conjunto las principales organizaciones sindicales (FeSMC-UGT, CC.OO. de Construcción y Servicios y FTSP-USO) y empresariales (Aproser y UAS), en el que coinciden en la necesidad del desarrollo del sector de la seguridad privada "con un empleo de calidad respetuoso con los derechos de los trabajadores", que permita competir a las empresas "en condiciones de igualdad y que contribuya de una forma mas eficaz a la seguridad de los ciudadanos".

Por ello, el observatorio pide que España concluya el proceso de trasposición de la nueva directiva europea de contratación pública para que sus posibilidades de "exigencia del respeto de los convenios colectivos, la adjudicación teniendo en cuenta criterios cualitativos, y la máxima exigencia en la ejecución de los contratos" sean incorporadas a la normativa nacional de contratación pública.

"La remisión de una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea instando a España a adoptar esta norma no debiera, en modo alguno, hurtar el legítimo debate parlamentario en el que poder transmitir a la mayor brevedad a los representantes de las diversas fuerzas políticas los planteamientos comunes en relación con una contratación pública innovadora y socialmente responsable", defiende.

También reclama la generación de un empleo "de calidad", lo que implica "ajustar" el Estatuto de los trabajadores previendo, al menos para los sectores intensivos en mano de obra, una normativa "diferenciada" en relación con los descuelgues salariales o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa.

Además, ve "esencial" establecer la responsabilidad subsidiaria del cliente al menos en el caso de las administraciones públicas, por los procesos de adjudicación realizados a empresas "no respetuosas" con la normativa cuando hayan sido informadas de tales incumplimientos durante la prestación de los servicios.

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada valora la Ley de Seguridad Privada de 2014 por haber incorporado una "visión amplia" del intrusismo, si bien apunta que sigue sin haberse aprobado el reglamento de desarrollo de dicha norma, por lo que "las posibilidades abiertas por la ley no han sido aprovechadas".

No obstante, apunta a este respecto que la ausencia de un desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada no constituye "obstáculo" alguno para que el Ministerio de Educación avance "realmente" en el desarrollo de un modelo de formación profesional para que los futuros profesionales del sector puedan contar con "las capacidades y habilidades precisas" para los nuevos retos.

COMUNICADO CONJUNTO DEL OBSERVATORIO SECTORIAL DE LA SEGURIDAD PRIVADA SOBRE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES LEGISLATIVAS Y REGLAMENTARIAS PARA EL SECTOR

• Artículo 14 modificado

La Ciudad sustituye a cuatro policías por un vigilante en las 317 VPO por la noche

La razón es que el riesgo de ocupación que había antes es inexistente y se libran horas para incorporar al servicio de playas.

La seguridad en las 317 VPO de Loma Colmenar ha dado a la Ciudad Autónoma más de un quebradero de cabeza desde el conato de ocupación del verano pasado, a raíz de la aparición de la conocida como ‘lista fantasma’ y los acontecimientos que le siguieron. Desde este jueves, una empresa de seguridad privada asume el servicio de vigilancia y protección de bienes en esta promoción pendiente de entrega. Un contrato cuyo precio es 17.984,69 euros, al que habría que sumar el 9 por ciento de IPSI, por una duración de 77 días.

La curiosidad es que a los cuatro policías locales que ‘guardaban’ estas polémicas casas han sido reemplazados por un vigilante en turno de noche, haciéndose cargo el Cuerpo municipal de los turnos de mañana y tarde. Este efectivo, en principio en solitario, completará de este modo las 12 horas de custodia y vigilancia –desde las 19.00 horas a las 7.00 del día siguiente–, con excepción de sábados, domingos, festivos y diez días de fiestas patronales en los que el servicio se prestará las 24 horas, según el pliego de prescripciones técnicas.

Sobre la merma de la seguridad en horario nocturno, en lo que a número de efectivos se refiere, la Ciudad negó que exista el riesgo de ocupación inminente que existía con anterioridad puesto que el proceso de adjudicación se inició con normalidad y su entrega está más cerca que hace un año. Las 317 VPO de Loma Colmenar absorbían tal volumen de horas de trabajo de la Policía Local que obligó al Gobierno a retirar a este Cuerpo de las playas, una decisión en la que dio marcha atrás. La forma de liberar agentes para incorporarse al nuevo servicio estival consistió en que parte de ese horario de vigilancia de la promoción pasase a una empresa de seguridad como cuando se recepcionaron las casas.

Apoyo a aplicar el convenio en la licitación pública 

El Observatorio de Seguridad Privada (USO, UAS Y UGT) apoya las recientes iniciativas que incluyen la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en los procesos de licitación para la contratación pública. Destaca que respetar los convenios sectoriales vigentes es un “requisito básico que repercute directamente en la calidad de los servicios prestados”.

El Supremo declara nulo el pacto de Seguridad Integral Canaria con su plantilla para no aplicar el convenio colectivo

El acuerdo de la empresa con parte de sus trabajadores permitió reducir las retribuciones de todos sus trabajadores desde 2012 hasta 2014

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el acuerdo al que llegó Seguridad Integral Canaria con parte de su plantilla para apartarse del convenio colectivo del sector de la seguridad privada en España y reducir las retribuciones de todos sus trabajadores desde 2012 hasta 2014. Un convenio que fue aplicado por la empresa durante diez meses.

El Supremo confirma así la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló ese descuelgue del convenio por haberse firmado con un comité sin capacidad para representar al conjunto de los trabajadores y sin abrir una verdadera negociación con la plantilla.

Perteneciente al grupo de empresas de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Seguridad Integral Canaria es responsable de la seguridad privada de numerosos organismos públicos en el Archipiélago, pero también de tres líneas de Metro de Madrid y de varios edificios del Patrimonio Nacional.

En 2012, la compañía informó a los sindicatos de que su facturación estaba sufriendo una merma del 13% debido a las negociaciones a la baja que estaban realizado las administraciones públicas y a los impagos que sufría por parte de varios clientes.

Como consecuencia de ello, les propuso dejar de aplicar a sus vigilantes el convenio colectivo nacional de la seguridad privada y reducir sus retribuciones por varias vías.

Finalmente, llegó a un acuerdo con uno de los comités de la provincia de Las Palmas para mantener la plantilla, pero a cambio eliminar los pluses de nocturnidad, festivos, Nochebuena, fin de año e incapacidad laboral y elevar la jornada a 184 horas mensuales.

Además, la empresa transformó el 17% del sueldo fijo de sus empleados en un complemento de productividad que sólo cobrarían si trabajaban las 184 horas fijadas cada mes, de modo que el salario base de sus vigilantes pasaba a ser de 726 euros mensuales.

Ese descuelgue del convenio era aplicable a toda la plantilla de la provincia de Las Palmas y a los empleados de los centros de trabajo de otros lugares de España que no tuvieran representantes laborales (delegados de personal o comité de empresa propio).

En su recurso ante el Supremo, Seguridad Integral Canaria defendía que la situación económica de la empresa justificaba legalmente las medidas que tomó para apartarse del convenio colectivo y reducir sus costes laborales.

Sin embargo, la Sala le recuerda que el TSJC no entró a valorar tales motivos, sino que declaró nulo el acuerdo por no ajustarse a las exigencias legales de negociación con la plantilla, como habían denunciado USO, UGT, Intersindical y Alternativa Sindical.

Ranking de Empresas Actividades de Seguridad Privada

Un vigilante de seguridad salva la vida a una mujer infartada con un desfibrilador a las puertas de Ence

Manuel Merino hizo un curso para manejar el dispositivo: "Nunca pensé que lo fuera a utilizar y espero no tener que volver a usarlo"

Un vigilante de seguridad de la empresa Segur Ibérica que presta sus servicios en el complejo industrial de Ence-Pontevedra, Manuel Merino Ferreiro, salvó el pasado sábado la vida de una mujer gracias a sus conocimientos en maniobras de reanimación y al uso de un desfibrilador. La actuación de este vigilante de seguridad y su compañero fue clave, según los servicios médicos, para que esta mujer que sufrió un grave problema cardíaco pudiera salir adelante. "Yo sinceramente pensé que no había hecho nada, pero luego los familiares nos confirmaron que, según los médicos, si no fuera por nosotros esta mujer ahora no estaría con vida", explicaba ayer a FARO el propio Manuel Merino, vecino de Pontevedra.

Ocurrió a las 7.45 horas del sábado cuando el vigilante de seguridad acudió en respuesta de un aviso de socorro enviado por el personal auxiliar de Ence. Según él mismo explica, la víctima era la mujer de un transportista de Elnosa que permanecía en un vehículo aparcado en el exterior del complejo mientras su marido se acercó un momento a la portería. "Cuando volvió al coche ya se encontró a la mujer con un infarto", explica este vigilante de seguridad. "Fue ahí cuando nos avisaron", añade, "en el momento en el que yo llegué ya la habían tendido en el suelo y estaba fatal..., inconsciente, no respiraba, estaba morada..., fue algo totalmente horrible".

Sin embargo, esta situación no pudo con los nervios de Manuel Merino que rápidamente reaccionó. Se hizo con un desfibrilador que tienen en el coche y actuó. "Comenzamos a realizar maniobras de reanimación y conectados el desfibrilador, le dimos varias descargas y a la segunda o a la tercera reaccionó y comenzó a respirar", explica. "Luego la intentamos mantener estable hasta que ya llegó la ambulancia", añade.

Merino explica que el desfibrilador forma parte del equipamiento que llevan en el coche patrulla de la empresa Segur Ibérica para la que trabajan. Aunque la propia firma se ha encargado de impartir cursos y actualizar su formación de primeros auxilios, este trabajador con más de 30 años de experiencia en el sector, destaca que fue él quien se interesó por acudir a Madrid a recibir un curso específico en el uso de un desfibrilador. "Lo hice porque lo llevamos siempre en el coche y me daba rabia tenerlo y que no lo supieras usar", explicaba ayer. Además, dice ser consciente de que, por el tipo de trabajo que realiza, no es difícil que se pudiera encontrar con una situación de este estilo, de ahí la necesidad de formarse. Con todo, reconoce que la del sábado fue "la primera vez que lo utilizaba, nunca pensé que lo fuera a necesitar y menos mal que lo teníamos", explica. Eso sí, añade que "ojalá que no tenga que volver a usarlo porque el trago que pasas es bastante malo", afirmaba ayer.

El Observatorio Sectorial de seguridad privada apoya la aplicación de los convenios colectivos sectoriales en contratación pública

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La Policía Nacional detiene a seis integrantes de una organización por estafar a vigilantes y a clientes de seguridad privada

En Granada y  Valencia

Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social

Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener contratos con clientes a los que emitían facturas falsas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada y Valencia a seis integrantes de una organización que estafaba a vigilantes y a clientes de seguridad privada. Los arrestados empleaban a vigilantes habilitados con falsos contratos y no los daban de alta en la seguridad social. Sustrajeron uniformes y medios materiales, además de utilizar marcas registradas de dos empresas de seguridad privada para suplantarlas y obtener de este modo contratos con clientes a los que después emitían facturas falsas.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Granada detectaron determinadas irregularidades en las inspecciones que se efectúan a las empresas de seguridad privada en el marco de las competencias que tienen asignadas.

Suplantaban empresas de seguridad

Los policías averiguaron que un grupo de personas se hacía pasar por empresas de seguridad privada y que falsificaban los contratos y las facturas con clientes que necesitaban sus servicios para organizar determinados eventos. Además contrataban de forma eventual a vigilantes de seguridad plenamente habilitados sin darlos de alta en la Seguridad Social y con la falsa promesa de que iban a ser contratados indefinidamente por esas empresas.

Con el fin de dar mayor apariencia a las estafas habían falseado también los partes de servicio y demás documentación a la hora de realizar dichos servicios de seguridad privada y poder engañar a los usuarios contratantes. Para ello cometer los engaños habían sustraído incluso uniformes y medios materiales, utilizando además marcas registradas de dos empresas de seguridad privada.

Finalmente los investigadores consiguieron identificar y localizar a los implicados en esta estafa, realizada por toda España, y procedieron a su detención, cinco de ellos en Granada y uno en Valencia.

Las investigaciones han sido realizadas por la Unidad territorial de Seguridad Privada de la Comisaría de Granada, en colaboración con la Unidad Central de Seguridad Privada.