miércoles, 28 de septiembre de 2016

Fernández Díaz riega de medallas pensionadas la jubilación de su cúpula policial

El comisario general que ha fichado por Prosegur y el de Extranjería, también jubilado, son condecorados con una medalla al valor que lleva asignación 
El jefe superior en Cataluña hasta julio de 2015 recibe igualmente la Medalla Roja con motivo del patrón de la Policía y su retirada

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Los miembros de la cúpula policial de Jorge Fernández Díaz que se han jubilado en las últimas semanas están recibiendo una gratificación en forma de medallas acompañadas de un importante complemento retributivo que conservarán el resto de su vida. Los últimos dos agraciados son el comisario general de Extranjería, Emilio Baos; y el jefe de la Policía Judicial, incluida la UDEF, José Santiago Sánchez Aparicio.
Ambos integran un amplio listado de condecorados con motivo de la próxima celebración del patrón de la Policía. Como ocurre todos los años, con este y gobiernos anteriores, en ese listado se mezclan policías que han puesto en riesgo su vida o que han protagonizado relevantes servicios con otros que cobran lealtades, personales y políticas, o a los que se premia por una suerte de inercia del cargo de libre designación que han ostentado.  
Los dos comisarios principales citados han cumplido 65 años en las últimas semanas y han pasado a situación de retiro después de haber integrado el núcleo duro de los mandos elegidos por el PP para dirigir la Policía desde 2012. 
Sánchez Aparicio ha pasado de estar liberado en el Sindicato Profesional de Policía (SPP), uno de los más activos contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a integrar la cúpula del Cuerpo con la victoria del PP. Hace tres años se le encomendó dirigir la Comisaría General de Policía Judicial, tras la tercera destitución en ese puesto desde que el partido de Rajoy alcanzar la victoria electoral.  Su inmediato antecesor cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre dirigentes del PP en el caso Gürtel.
La misma UDEF que dependía de Sánchez Aparicio recibió el encargo de ‘blanquear’ el informe sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que el Tribunal Supremo despreció. Al comisario general se le encomendó, dos semanas antes de jubilarse, liderar una presunta investigación sobre las grabaciones al ministro en su propio despacho en las que Jorge Fernández Díaz conspiraba contra políticos de la oposición.
Inmediatamente después de jubilarse, Sánchez Aparicio se ha incorporado al gigante de la seguridad privada Prosegur como director de Relaciones Institucionales, desde donde podrá engrasar el vínculo entre la compañía, importante adjudicataria de la Administración, y ésta última.

El sindicato de mandos, contra todos menos el PP

Tanto Emilio Baos como Sánchez Aparicio pertenecen al SPP, el sindicato que nutre la cúpula policial del Cuerpo cuando el PP gobierna y que este martes hizo pública una nota en la que critica a todos los partidos de la oposición por apoyar una comisión de investigación sobre la “policía política”.
El sindicato de los mandos llama a los partidos “desagradecidos”, al tiempo que equipara criticar la utilización partidista de la Policía por parte del Gobierno con “ensuciar el nombre de un conjunto de profesionales que se dejan la vida a diario por todos los españoles”. “Somos policía patriótica, pero no en el sentido bolivariano que pueda utilizarse en Venezuela sino en el de que nos debemos a la Constitución”, añade el escrito.
En las condecoraciones de este año, la abogada que representa al sindicato, María Ponte, ha sido distinguida con una medalla blanca, no remunerada, por la Dirección General de la Policía. Esta letrada firma los escritos de defensa de algunos mandos señalados por la comisión judicial que investiga una grabación ilegal a otros policías y mandos del CNI en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, entre ellos el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. También es autora de las exigencias de rectificación y otros demandas a medios de comunicación en representación de los mandos afiliados del SPP.

Las maniobras en Cataluña y contra Podemos

Pino, el artífice de las maniobras policiales contra la oposición, ya fueran contra los independentistas catalanes o Podemos, fue despedido el pasado mes de junio por su jubilación con una Medalla de Plata, que va acompañada con un complemento del 15% mensual. La medalla roja para Baos y Sánchez Aparicio siempre supone un incremento del 10%. Es la misma que recibió el comisario José Manuel Villarejo por su participación en la Operación Cataluña.
Precisamente, el jefe de la Policía en Cataluña desde la llegada del PP en 2012 y hasta el verano de 2015, Agustín Castro, también es condecorado ahora con la Medalla al Mérito con Distintivo Rojo. Castro también deja la Policía por haber cumplido 65 años. 
El sindicato SPP ejerce la acusación popular contra Artur Mas por la consulta del 9-N. Precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, es uno del medio centenar de miembros de la Judicatura y la Fiscalía que reciben una condecoración no pensionada con motivo del patrón de la Policía. Uno de los magistrados del TSJM envió recientemente al banquillo a Mas por la citada causa. 
Llama la atención en la lista de este año la cantidad de colaboradores del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que han sido reconocidos con medallas. Uno de ellos, el inspector jefe David Teatino Gómez, condecorado con la del Mérito Policial con Distintivo Rojo, a pesar de realizar labores de despacho.
La Ley 5/1964 establece como requisitos para la concesión de la roja haber resultado herido en acto de servicio, participar en al menos tres servicios en los que ha corrido peligro la vida del policía por el uso de armas, haberla puesto en peligro durante “un hecho abnegado” o en riesgo a través de una conducta de “especial trascendencia”.
Otros reconocidos con la medalla roja son el comisario al frente de la seguridad del Senado, Carlos Torres; quien también se jubila; el jefe del Area de Catálogo de Puestos de Trabajo, Francisco Arenas; o José Luis Prudencio, de la Subdirección General de Recursos Humanos.
Otros dos colaboradores de Francisco Martínez - aspirante a suceder a Fernández Díaz en la cartera de Interior- han sido condecorados con la Medalla Blanca. Se trata de su director de gabinete, Jorge Sanchís; y de otro miembro de ese equipo, Pía Aracama, jefa de área. El comisario general de Información, Enrique Barón, responsable de la lucha antiterrorista, ha sido condecorado con una medalla roja.

Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena

La Audiencia Provincial de Madrid considera al promotor de la fiesta culpable de cinco homicidios por imprudencia grave


La avaricia de un empresario que vendió más entradas de las que permitía el aforo para una fiesta de Halloween, sumada a una organización precipitada “en la que nada funcionó”, son las causas de la tragedia del Madrid Arena en 2012, en la que murieron aplastadas en una avalancha cinco jóvenes. Así lo dice la sentencia, que ha condenado al promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, y a entre dos años y seis meses y tres años de cárcel a otros cinco responsables del evento.


Con el ánimo de “conseguir un mayor beneficio económico”, Miguel Ángel Flores vendió 16.492 entradas para la fiesta de Halloween que se celebró el 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena, en la Casa de Campo de la capital, un pabellón que tenía un aforo máximo de 10.620 personas; finalmente, llegaron a juntarse dentro del recinto, al menos, 16.605 personas. Esa fue la primera de una serie de imprudencias y acciones y omisiones con las que infringieron los “deberes de cuidado” que acabaron en una avalancha de personas, en la que murieron aplastadas cinco jóvenes de entre 17 y 20 años y otra treintena sufrió heridas.
Bajo esos argumentos, Flores, máximo responsable de Diviertt, la promotora de la fiesta, ha sido condenado por los magistrados de Sección Séptima de laAudiencia Provincial de Madrid a cuatro años de prisión por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de lesiones. La sentencia, conocida hoy, considera que Flores y otros responsables directos de la organización y seguridad del evento “no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron”. Los crearon con un montaje que no atendía a las indicaciones aprobadas, por el cierre de vomitorios para proteger las instalaciones utilizadas por la organización y, finalmente, por la apertura de puertas de emergencia para facilitar el acceso a la gran cantidad de jóvenes que se iba agolpando en la entrada a medida que se acercaba la actuación estelar de la noche, del DJ Steve Aoki.
Así, esa “conducta gravemente imprudente” culminó pasadas las tres y media de la madrugada en una aglomeración de personas que intentaban salir de la pista del escenario central, agobiadas por la falta de espacio, pero chocaban con las que trataban de entrar. Un horrible suceso en el que murieron aplastadas esa misma noche Cristina Arce y Katia Esteban, mientras que Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso lo harían en los dos días posteriores.
Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio terminaron de dar forma a la tragedia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: aparte de Flores —que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo—, otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos.
A tres años de cárcel ha sido condenado el que era responsable de Madridec, Francisco del Amo, y el director general de la firma Diviertt, Santiago Rojo. A Miguel Ángel Morcillo, también de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, se les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión
Fotografía publicada en Twitter del momento de la avalancha.

Multas y absoluciones

Los magistrados consideran también que Juan José Paris y Raúl Monterde, coordinadores de la otra empresa que debía cuidar de la seguridad (Seguriber), son responsables en menor grado y les impone una multa de 3.600 euros (10 euros diarios 12 meses). El resto de los acusados en este macrojuicio que arrancó el pasado 12 de enero han sido absueltos.
Las absoluciones alcanzan a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos. “Pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran”, dice el fallo, no está probado que si hubieran actuado correctamente podrían haberlas salvado, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio.


Gráfico realizado, a finales de noviembre de 2012, a partir de las primeras investigaciones del caso. EL PAÍS


La actuación de Simón Viñals, exconcejal de Madrid por el PP y fundador del Samur, de 77 años en el momento de la tragedia, en una “supuesta enfermería” que carecía de materiales básicos, y con un equipo de solo siete personas (incluido él y un auxiliar de enfermería de 81 años), ha sido muy polémica. El propio Viñals admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, y en el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.
De hecho, esta absolución “es lo más duro; a las familias les va a doler”, ha dicho a Efe Gerardo Viada, abogado de la familia de una de las víctimas, Katia Esteban. Viada añadió que, por lo demás, han sido “las condenas esperadas”.
En ese sentido, el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo Rodríguez, se ha declarado satisfecho con la sentencia. “Hemos conseguido una condena penal y una civil que se acerca mucho a la aspiración de justicia que tenía el ministerio fiscal”. Y ha insistido en la parte civil: “Todas las entidades que se pedían como responsables civiles han sido condenadas [entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid] y también las compañías de seguros como responsables de seguros”.
Las familias de las víctimas recibirán indemnizaciones en torno a los 350.000 euros por cada una de las fallecidas y los lesionados también cobrarán en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron. La madre de Cristina Arce, Isabel de la Fuente, criticó la sentencia. Dijo que le parecía “un insulto y una falta de respeto a las víctimas”, y aseguró que se reunirá con sus abogados para saber cómo proceder. “El Ayuntamiento se comporta igual que el anterior. En el tema de la licencia [del Madrid Arena] ha pasado. [El edificio] estará más controlado, pero estructuralmente no cumple la normativa”.

Cuatro años después

Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.
Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid,  le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque, finalmente, no fue acusado de nada.

martes, 27 de septiembre de 2016

Robots armados empiezan a patrullar en uno de los mayores aeropuertos de China


  • Su función primaria es la de actuar como cámara de seguridad, pero cuenta con un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas.

  •  También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 13.300 euros.
El aeropuerto de la ciudad meridional china de Shenzhen, vecina a Hong Kong y una de las que tienen mayor tráfico aéreo en el país, ha puesto a patrullar robots en una de sus terminales, uno de los primeros lugares públicos en China en contar con guardianes automatizados.

 Según el oficial Diario del Pueblo, estos aparatos, llamados Anbot ("an" significa "seguridad" en chino), tienen un aspecto ovoidal y no demasiado humanoide, que recuerda más al R2D2 de la Guerra de las Galaxias o al Dalek de la serie Doctor Who. 

Su "cara" dispone de una pantalla digital y una cámara de alta definición capaz de tomar imágenes de los viajeros para ser analizadas. 

Su función es por tanto, y de momento, muy similar a la de una cámara de seguridad, sólo que con mayor movilidad -puede desplazarse a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora- y está dotado además de un "arma" de defensa (un brazo en su parte inferior capaz de soltar descargas eléctricas para reducir potenciales enemigos). 

El Anbot fue desarrollado por una universidad china ligada al Ejército en la ciudad central de Changsha, y también quiere ser utilizado como vigilante en escuelas y bancos. 

También es capaz de buscar explosivos, armas y estupefacientes, y su precio por unidad ronda los 100.000 yuanes (13.300 euros, 15.000 dólares).

lunes, 26 de septiembre de 2016

Denuncian más violencia en las cárceles, con más agresiones ya que en todo 2015

Denuncian más violencia en las cárceles, con más agresiones ya que en todo 2015

El sindicato CSIF ha denunciado hoy un "repunte de la violencia en las cárceles españolas", ya que en lo que va de 2016 se han registrado casi doscientas agresiones de internos a funcionarios, 44 de ellas graves, lo que supone un incidente cada dos días y supera las contabilizadas en todo 2015.
Así lo ha denunciado hoy en rueda de prensa el sindicato CSIF, mayoritario en la Administración del Estado y en Instituciones Penitenciarias, y que ha detallado que no acudirá a la celebración de la patrona de las prisiones, La Merced, en protesta por la falta de plantilla y de un protocolo contra las agresiones.
El sindicato demanda una oferta pública de empleo urgente que permita reforzar las plantillas de las cárceles, envejecidas, y la articulación del citado protocolo, que según detalla sí se aplica en otros ámbitos de la Administración.
La puesta en marcha de esta iniciativa serviría para saber cómo actuar si hay incidentes, actuar de inmediato contra los agresores y y también para que los funcionarios sepan algunos antecedentes de los reclusos, por ejemplo si tienen problemas psiquiátricos o han protagonizado incidentes en otros centros.
En los nueve primeros meses de 2016 se han registrado 197 agresiones, 44 de ellas graves, frente a las 164 de todo 2015 (12 de estas graves), según los datos del sindicato.
CSIF teme que este "alarmante incremento de las agresiones" a funcionarios haga que a final de este año se superen las cifras del año 2009, cuando se sumaron 264 incidentes de este tipo, según el portavoz del sindicato, Jose Manuel Couso.
La comunidad autónoma más peligrosa según sus datos es Andalucía, seguida por Madrid.
Sobre esta última región han subrayado sus "características muy especiales" por la cantidad y el tipo de reclusos, y que el mayor número de incidentes se siguen concentrando en los centros de Estremera y Soto del Real.
El responsable de Prisiones en CSIF, Adolfo Fernández, ha mostrado fotos en las que se ve a funcionarios con puntos en los labios, con un gran moratón en un brazo o con un brazo vendado, fruto de agresiones de internos.
Como ejemplo de la situación que viven los funcionarios de prisiones han explicado que antes solía haber hasta quince trabajadores para reducir a un preso peligroso, pero ahora pueden ser solo cuatro o cinco y la mitad de ellos mayores de 50 años.
En los últimos años hay más internos procedentes grupos o bandas criminales, fuertes físicamente, así como imputados por terrorismo yihadista, pero a pesar de ello "no se recibe ningún tipo de formación específica", ha asegurado el portavoz.
Los representantes sindicales han criticado que mientras se descuidan las plantillas en la administración penitenciaria, el Gobierno refuerza la seguridad privada en las prisiones para los próximos años, con unas contrataciones que tienen un valor estimado de 58 millones de euros.
En su opinión la contratación de seguridad privada "no solo no resuelve el problema de falta de personal, sino que duplica labores", ya que hay lugares donde están un vigilante y un guardia, porque el primero no puede ejercer esa labor solo, e incluso a veces también hay un funcionario de prisiones.

Policías exploran nuevas medidas de seguridad con el uso de drones

El sindicato UFP en Almería impulsa un proyecto formativo pionero sobre el manejo de drones

Dos agentes participan en las prácticas del curso organizado por EISO y la UFP.   La Voz.

La Policía Nacional explora las posibilidades de la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la seguridad ciudadana. La Unión Federal de Policía (UFP) en la provincia de Almería organiza un curso pionero orientado a la formación de los agentes del cuerpo en el manejo de  UAVs (aviones no tripulados), más conocidos como drones.
Las jornadas se desarrollan gracias a un convenio de colaboración con la Escuela de Imagen y Sonido de Almería (EISO) y permiten el adiestramiento de los agentes de la Policía Nacional en el uso de los aparatos y, a la vez, conseguir la certificación necesaria por la nueva normativa.
EISO acompañará los ejercicios propios del curso práctico, con prácticas adaptados a la actividad policial. Las posibilidades son enormes. Los drones pueden aplicarse en la búsqueda de personas desaparecidas, en la localización de artefactos explosivos y en el reconocimiento de zonas de difícil acceso o vetadas por las condiciones de inseguridad.
De hecho, su utilización se ha extendido en el ámbito militar y existen algunos proyectos en el terreno de la seguridad privada, por ejemplo, para la vigilancia desde el aire de polígonos industriales o espacios similares. También en grandes superficies de cultivo. Un único aparato dotado con una cámara de alta resolución (el mercado ofrece drones bien equipados a precios limitados) permite revisar una vasta extensión de forma ágil y en tiempo real.
La Policía Nacional indaga en esta dirección. “Es importantísimo que los policías nacionales de la provincia se especialicen en el manejo de drones, un uso en plena expansión dentro de los cuerpos policiales de todo el mundo”, señala Raimundo Morales, delegado de UFP en Almería.
Operadores “Para obtener el Certificado Oficial de Piloto de Drones se deben superar dos cursos, uno práctico en EISO y otro teórico en una entidad colaboradora, los cuales te habilitan legalmente para el pilotaje de los drones”, precisa Morales. Es un mecanismo, en cierto modo, similar al establecido para obtener el permiso de conducir.

No en vano, un aparato de dos kilos suspendido a varios cientos de metros en el aire que pierda el control puede producir en su caían daños fatales para un ciudadano. Una adecuada formación en su manejo es indispensable.
El primer grupo de policías nacionales que van a ser preparados por EISO comienza las clases de pericia integradas dentro del curso práctico la segunda semana de octubre, y se prolongará por espacio de un mes.
En Almería es la primera experiencia de estas características, aunque ya existen algunos grupos de aficionados al vuelo de drones con gran experiencia. Además, la UAL ha anunciado también la puesta en marcha de un máster (el primero en España) para operadores civiles.


Los suizos permitirán que el Estado controle su vida privada para reforzar la seguridad

La iniciativa ha sido aprobada con el respaldo del 66% de los participantes

El minsitro de Interior suizo, Alain Berst (d) y el ministro de Defensa Guy Parmelin - EFE

Los suizos aprobaron este domingo en referéndum incrementar la capacidad de los servicios de inteligencia y de vigilancia del país para controlar la vida privada de los ciudadanos con el fin de reforzar la seguridad y la lucha contra el terrorismo, según varios sondeos.
La iniciativa contó con el respaldo del 66% de los participantes en la consulta, según una encuesta publicada por el diario «Le temps».
Los helvéticos autorizaron a las autoridades a controlar las comunicaciones(pinchar los teléfonos y verificar correos electrónicos) y colocar cámaras o micrófonos, entre otros aspectos, a los sospechosos, siempre con autorización previa doble de las autoridades judiciales y ejecutivas del país.
La ley permitirá vigilar a una persona que haya regresado de un lugar donde haya activistas yihadistas, supuestos espías o grupos armados extranjeros.
A pesar de que la campaña en contra de esta ley argumentaba que puede socavar las libertades civiles de los ciudadanos, la mayoría prefirió aumentar la vigilancia.
Las autoridades helvéticas argumentaron que la ley no va tan lejos como otras que rigen en países más estrictos, como Estados Unidos.
Hasta la fecha, la ley vigente en Suiza prevé que las autoridades solo puedan usar la información que está disponible de forma pública o que hayan obtenido de otros servicios de inteligencia extranjeros.
Los que se oponían también argumentaban que podría socavar la«sacrosanta» neutralidad de Suiza al permitir la cooperación más estrecha con servicios de inteligencia extranjeros.
La nueva ley fue votada el año pasado pero no se ha podido implementar porque los que se oponían a ella lograron convocar este referéndum para revocarla, extremo que no han conseguido.
Por otra parte, los helvéticos también rechazaron este domingo una iniciativa que pretendía reducir el consumo de recursos naturales del país a un máximo que fuera sostenible para proteger el medio ambiente.
Finalmente, también se opusieron a un plan que pretendía aumentar las pensiones de los jubilados, con más del 60% de los votos en ambos casos, según el sondeo de «Le temps».

El Gobierno regional no modificará la forma de contratar la seguridad privada

El Ejecutivo anunció grandes contratos centralizados a partir de 2017 para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. El viceconsejero de Presidencia y Justicia dice ahora que "no pueden correr ese riesgo".

La Cadena Ser avanzó en marzo que el Ejecutivo iba a modificar la forma de contratar la seguridad privada a partir de 2017, después se anunció oficialmente, y ahora, a tres meses de renovar la licitación, el Gobierno regional dice que no puede cumplir lo que había prometido. En respuesta  a la diputada socialista, Carla Antonelli, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, reconoció en la Asamblea que la propuesta que hizo en su día  la consejería de Economía y Hacienda para afrontar los problemas de contratación de los trabajadores de la seguridad privada  de la Comunidad no es viable."Todas las consejerías, sí que es cierto, nos habíamos movido en el sentido de que todos los contratos concluyesen el 31 de diciembre de 2016 para iniciar el contrato centralizado, pero realmente, y fruto de lo que estamos viendo, creo que ese riesgo no lo podemos correr", dijo.
La intención del Gobierno regional era centralizar los contratos de los trabajadores de seguridad de todas las consejerías  y después dividirlos en lotes para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones de los trabajadores, algo que pueden hacer con la ley actual. Por ejemplo, el pasado mes de julio, la Consejería de Sanidad adjudicó un contrato de seguridad de más de 300.000 euros a una de las empresas de Miguel Angel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad en Madrid. 

Un nuevo "brindis al sol" de Cifuentes
El PSOE asegura que la situación de los trabajadores de seguridad de la Comunidad es "dramática" y denuncian que "a la sombra de la reforma laboral del PP se han creado empresas fantasma para contratar a la baja y esquilmar los sueldos de los trabajadores". Según dicen, estas empresas concursan en la licitación de los contratos de la seguridad privada para los edificios de la comunidad y lo que hacen al día siguientes es reducir un 40% el sueldo de los trabajadores
La diputada Carla Antonelli acusa al Gobierno regional de haber incumplido su promesa de resolver la situación de estos empleados y hacer un nuevo "brindis al sol". "Estamos al principio de la historia, la Comunidad de Madrid no ofrece soluciones, y lo único que ofrece son titulares para salir del paso y a ver si nos olvidamos durante unos meses de estar presionando. El problema son 90 personas que están cobrando 400 euros menos", subraya la socialista. 
 El Gobierno promete endurecer los criterios de adjudicación
La Consejería de Presidencia reconoce que el anuncio "no se va a llevar a cabo" y que resulta "muy difícil" elaborar un solo contrato porque existen demasiadas especificidades en cada edificio y "no está garantizado" que el concurso no se adjudique a una de las empresas que no cumplen con el convenio estatal.  Fuentes del departamento aseguran a la SER que Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo y Consejero de Presidencia y Justicia, ha dado la orden de que se incluya en los próximos pliegos una cláusula unificada para priorizar que el contrato se conceda a empresas que no se descuelguen del convenio estatal frente al criterio precio.

EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA EN 2015 (APROSER)


En el ejercicio económico 2015, y tras varios años de una profunda crisis en el sector, la seguridad privada en España ha experimentado una incipiente recuperación, pero todavía menor que el porcentaje de crecimiento de la economía española en este mismo período.
La facturación total del sector alcanzó los 3.481millones de euros, y aunque todavía es inferior a la realizada en 2007, representa un incremento del 2,87% en términos interanuales. De ellos, 2.159 millones corresponden al segmento de vigilancia, lo que implica un incremento del 1,79%. El área de Sistemas y Alarmas facturó 1.026 millones, con un incremento del 5,45% con respecto al año anterior, en tanto que la actividad de Transporte de Fondos alcanzó una facturación total de 296 millones de euros, con un crecimiento del 2,23%.
Las previsiones de cierre para 2016, en un escenario estable, deberían mejorar levemente las cifras de 2015, si bien las diversasincertidumbres del entorno nacional e internacional podrían tener una incidencia negativa en las cifras finales. Por otra parte, según se desprende de la información publicada por las empresas del sector, los márgenes comerciales han seguido contrayéndose, reflejándose una nueva e importante disminución en relación con 2014.
La procedencia del negocio no representa variaciones significativas con ejercicios precedentes, proviniendo del sector público un 17%, frente al 83% del sector privado. A su vez, la facturación de las Administraciones Públicas muestra que el 23% procede de la Administración Estatal, la Administración Autonómica aporta el 17%, la Administración Local el 10% y las empresas públicas el restante 50%.
En cuanto a los segmentos de demanda en vigilancia, destaca el sector de Industria y energía con un 17,9%, seguido de Comercio, con un 16,1%. A continuación, las infraestructuras de transporte, que agrupan un 13,8% del total, las Entidades financieras con un 12,5%, los servicios con un 12,3% y la vigilancia en Edificios e instalaciones de Organismos Públicos, con un 8,5%. El resto se reparte en Residencial, Salud, Educación y otros.
Con un total de 1.534 empresas de seguridad privada, 1.305 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 197 por la Generalitat de Catalunya y 32 por el Gobierno Vasco. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la mayoría de ellas, un 82%, tienen menos de 50 trabajadores, lo que refleja la atomización del sector.
Los vigilantes de seguridad privada en activo son 78.200, lo que representa un incremento del 3,4%, casi el doble del de la facturación. De ellos, el 87% son hombres. La edad media del personal de seguridad es de 44 años, en tanto que la del personal en estructura es de 42 años. Todas las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y las de mayor antigüedad en el sector están asociadas a APROSER.
En el nivel de formación predomina FP y Bachillerato con un 47%, seguido de la enseñanza obligatoria con un 45%. Licenciados y diplomados son un 4% en cada caso. La modalidad de contratación es, mayoritariamente, de carácter indefinido, con un 82%, muestra de la apuesta del sector por la estabilidad en el empleo, situándose la rotación del personal en un 15%.
Lo principales problemas a los que sigue enfrentándose el sector son: la competencia desleal, el intrusismo, la escasa rentabilidad, los bajos precios de licitación (en particular de las Administraciones Públicas), la ausencia de responsabilidad subsidiaria y la inseguridad jurídica.

Cifras y datos año 2015