miércoles, 30 de noviembre de 2016

COMUNICADO SECCIÓN SINDICAL ESTATAL SEGUR IBERICA SA





El Tribunal Supremo respalda el papel de las secciones sindicales


El Supremo ha admitido la legitimidad de las secciones sindicales para negociar un convenio de empresa de ámbito nacional, siempre que acrediten la mayoría de los representantes unitarios.
La aprobación de la reforma laboral de 2012 fue el pistoletazo de salida para que muchas empresas se sentaran a negociar un nuevo convenio que se adaptara a esta normativa. Esto no sólo ha provocado trabajo extra para los representantes legales, sino también para los tribunales, que han tenido que pronunciarse sobre la idoneidad de los nuevos textos.
Esta avalancha de cambios ha provocado, sin embargo, que muchos de estos convenios hayan sido tumbados en los juzgados -al menos, parcialmente- por, entre otras razones, fallos de forma o de negociación. No es el caso del convenio de empresa de Alcor Seguridad que, aunque el Tribunal Supremo ha ratificado que la reducción salarial presentada en las nuevas tablas no tiene efecto retroactivo, no ha sido declarado nulo por el Alto Tribunal, como ha pasado, hasta ahora, con el resto de los documentos negociados por empresas de seguridad privada.
El fallo de la sala de lo social del Supremo, que ha sido dado a conocer recientemente, va más allá y da un espaldarazo a la labor que realizan las secciones sindicales en este tipo de discusiones. "La sentencia admite que la representación sindical puede negociar un convenio de empresa de ámbito nacional a pesar de que el propio sindicato se echara para atrás una vez cerrado el acuerdo e impugnara la decisión acordada por sus propios representantes", comenta Alberto Novoa, abogado laboralista de Ceca Magán.
El Supremo, que respalda la sentencia emitida por la Audiencia Nacional, rechaza la anulación del convenio pretendida por los demandantes -cinco sindicatos- sobre la base de que se había negociado con una comisión híbrida, compuesta por representantes sindicales y por unitarios (delegados de personal y comité de empresa).

UGT obtiene la mayoría absoluta en Seguriber Madrid



25/11/2016 | FeSMC-UGT ı Seguridad

UGT ha logrado la mayoría absoluta en las elecciones sindicales celebradas ayer jueves en la delegación de la empresa Seguriber en Madrid con 7 delegados frente a los 3 y 1 obtenidos respectivamente por USO y CCOO.
Nuestra sección sindical en Seguriber ha encabezado en los últimos años la defensa de los derechos de los trabajadores de esta empresa, liderando las reivindicaciones que finalizaron con la firma de un acuerdo que devolvía a la compañía al cumplimiento y a la aplicación íntegra del Convenio Colectivo Nacional de empresas de Seguridad, tras años de inaplicación del mismo.
Seguriber, en manos de la conocida empresaria Mónica Oriol, lideró, tras su publicación, la más dura aplicación de la nefasta reforma laboral de Rajoy, buscando una posición ventajista sobre el resto de empresas del sector mediante la aplicación de condiciones inferiores a las recogidas en el convenio nacional. Todo ello, además, mediante un modelo de gestión empresarial que se ha demostrado más que ineficaz dentro del sector de la Seguridad Privada y que fue contestado desde UGT hasta la firma del acuerdo que dejaba sin efecto el convenio propio que la empresa venía aplicando.
La lucha y el buen trabajo de nuestros delegados y delegadas en Seguriber culmina con este éxito electoral, que visualiza, sin duda, el refrendo otorgado por la inmensa mayoría de la plantilla.
Resultados totales:
UGT: 7  delegados/as.
USO: 3
CCOO: 1.
AS: 1.

'Quizá quien quiso matarme pretenda acabar lo que ya intentó'

La decisión del juez de sacar de la cárcel al agresor del vigilante en la estación de Sant Vicenç genera rabia e indignación



José Manuel recibió a primera hora numerosas llamadas de compañeros avisándole de la noticia del Diari de que la Audiencia Provincial había sacado de la cárcel al joven de 19 años que hace unos día intentó apuñalarle en la estación de Sant Vicenç de Calders.
José Manuel atiende la llamada mientras se viste para ir a una estación, de la que evita revelar el nombre, donde trabajará de vigilante de seguridad. «¿Y qué quieres que haga?». Aunque sabe que «el hombre que intentó matarme está otra vez suelto y quizá como represalia pretenda acabar lo que ya intentó».
Indignación, rabia, impotencia «y miedo», es el estado con el que el vigilante de seguridad estará en la estación. «Pero ya no sólo yo. Cualquier vigilante de seguridad seguirá hoy estando vendido ante cualquiera que quiera atacarle».
El pasado 3 de noviembre un grupo de viajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders alertó a la pareja de vigilantes de que unos jóvenes realizaban destrozos en un vagón. Los vigilantes fueron agredidos por los dos jóvenes. Uno de ellos apuñaló a uno de los miembros de seguridad privada. El cuchillo iba directo al corazón, pero el teléfono móvil que llevaba el vigilante en el bolsillo le salvó la vida.
Los jóvenes fueron arrestados por los Mossos y el agresor con el cuchillo ingresó en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio. Ahora la Audiencia ha dictado su salida de la cárcel al considerar que no hay riesgo de reiteración ni de fuga, además de tener domicilio conocido y arraigo familiar en España.
A José Manuel, el vigilante atacado y que hasta hace poco tenía que seguir asistido por un psicólogo, lo de la no existencia de riesgo de reiteración le indigna. El vigilante tiene 50 años, lleva 27 en ese trabajo y muchos de ellos en estaciones, por lo que sabe cómo actúan algunas personas que se mueven por determinadas líneas.
«Saldré a trabajar como otros días», dice el vigilante. «Aun sabiendo que puedo tener represalias de quien me intentó matar».
El abogado defensor del joven de 19 años que saldrá a la calle pidió dejar sin efecto la prisión provisional al considerar que su defendido no ha cometido ningún delito castigado con una pena igual o superior a los dos años, ni tampoco existen motivos bastantes para considerarle responsable criminalmente de los mismos. Tampoco existe ningún peligro de que intente ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para la investigación. Sin embargo el fiscal solicitó que el acusado siguiese en prisión preventiva.

Segur Ibérica presenta concurso y propone despedir a toda la plantilla

La compañía cuenta con unos 7.000 empleados y pretende ser saneada ante de adquirirse por un fondo de inversión


Segur Ibérica ha comunicado a los representantes sindicales de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores ante los tribunales y que presentará un despido colectivo que, a falta de concretarse exactamente en que áreas se centraría, comienza afectando a toda la empresa. Ha sido este martes, en una comunicación que ha sorprendido a los propios sindicatos por su crudeza. El pasado 8 de noviembre, la compañía desmintió a Vozpópulique hubiera concurso de acreedores ni que fuera a cerrar, tal y como se había informado.

El sindicato USO, que lanzó un comunicado sobre la reunión, calificó de "jarro de agua fría" la comunicación del concurso. Para ellos, "es una forma de decir que lo que pretenden es abaratar un ERE ya por sí muy abaratado gracias a las últimas reformas laborales". Según aseguran, la empresa ha asegurado que quiere dejar todos los servicios que considera deficitarios, "que según ellos son los que no dejan un margen de beneficio suficiente o que se retrasan sistemáticamente con el pago".
El objetivo es preparar la venta de la compañía y subrogar a muchos trabajadores siempre que sea posible.
Por su parte, en CCOO destacan que el ERE se inició este pasado lunes 28 pero que "no se ha detallado todavía la afectación real ni señalado listados de puestos teóricamente afectados". La compañía estaría realizando este saneamiento con la intención de ser vendida a algún comprador. A día de hoy, el accionista mayoritario es el fondo español MCH, quien a través deMCH Iberian Capital Fund III, controla Segur Ibérica mientras está presente en el accionariado de Europastry (productor de masas congeladas), Talgo o  Lenitudes (operador de hospitales).
A pesar del anuncio de que el ERE está dirigido a todos los trabajadores (el grupo Segur tiene unos 7.000 entre sus empresas Segur Ibérica, EAS, Consorcio de Servicios y Segur Fuego), difícilmente habrá tantos despidos ya que el objetivo es poder subrogar los trabajadores a las empresas comprantes. En muchos casos, el inicio del año podría tomarse como referencia para cambio del contrato. No obstante, el problema por el momento es que puede haber muchos servicios que sean deficitarios y tendrían complicado encontrar comprador.

martes, 29 de noviembre de 2016

Forética y APROSER destacan la importancia de integrar la RSE en la compra pública de servicios de seguridad


Forética junto a APROSER, la asociación profesional de compañías privadas de servicios de seguridad, han organizado una jornada en Sevilla en la que han analizado las claves de la contratación pública responsable, especialmente las relacionadas con el sector de la seguridad privada, y se han presentado buenas prácticas en este ámbito en Andalucía.

El acto ha servido para presentar el informe elaborado por Forética con la colaboración de APROSER bajo el título “La RSE en la compra pública de servicios de seguridad” (descargable aquí). El documento analiza cómo la RSE representa una herramienta importante para asegurar un servicio de calidad en este tipo de compañías, al poner en valor los impactos positivos de estas empresas en el ámbito económico, la gestión de riesgos asociados con la dimensión social y la prevención en lo relativo a potenciales impactos ambientales negativos (por ejemplo, en la prevención de accidentes con repercusión ambiental).

En un sector como el de la seguridad privada -con unos impactos sociales muy importantes- el informe destaca que aquellas empresas que optan por modelos más sólidos de selección, retribución y formación garantizan una fuerza de trabajo en mejor disposición de desarrollar eficientemente su tarea y con una mayor calidad del servicio prestado. Además, estas empresas son capaces de generar un mayor dividendo social, contribuyendo a través de las cotizaciones sociales a la sostenibilidad del estado de bienestar y devolviendo, por esta vía indirecta, una parte del importe recibido a través de los contratos públicos.

Recomendaciones para la integración de la RSE en el sector
Según el presidente de APROSER, Ángel Córdoba, “integrar criterios socialmente responsables en los procesos de contratación es un reto esencial para quienes compartimos la necesidad de llevar a cabo una actividad empresarial eficiente y al mismo tiempo responsable con nuestro entorno, con un modelo basado en el respeto básico de los derechos de los trabajadores y en una competencia leal entre las empresas”.

Por su parte, el Director de Desarrollo Corporativo de Forética y director del estudio, Jaime Silos, ha subrayado que “la RSE del sector de la seguridad privada es un elemento que contribuye a la responsabilidad social de otros agentes en su cadena de valor, como la administración pública o empresas privadas que contratan este tipo de servicios. La transparencia del rendimiento y evolución en estos aspectos es una oportunidad clave de diferenciación para estas compañías”.
El informe identifica las siguientes recomendaciones para la sostenibilidad en el sector: la integración en los procesos de contratación pública de criterios sociales y ambientales, la sensibilización y formación en RSE para grupos de interés clave del sector de la seguridad privada, la creación de una plataforma de liderazgo y diálogo de la gestión responsable en el sector, la mejora del diálogo entre los grupos de interés de la seguridad privada, y el aumento de la transparencia y comunicación de buenas prácticas de RSE del sector.

En la apertura del acto han intervenido junto al Presidente de APROSER, el Secretario General de la CEA, Antonio Carrillo, y el Director General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, Antonio Miguel Cervera. Éste último ha centrado su exposición en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación” de la Junta de Andalucía, en cuyo proceso de elaboración participó APROSER Andalucía, mediante su pertenencia a la CEA.

Tras una mesa redonda sobre buenas prácticas en contratación pública responsable, moderada por Eduardo Cobas, desde la Secretaría del Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, con la participación de la Diputación de Sevilla, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la clausura ha corrido a cargo del Presidente de APROSER Andalucía, Miguel Sánchez Pizarro.


El fin de los atentados de ETA ha dejado sin empleo a casi 4.000 escoltas

Los últimos 109 efectivos que servían en el País Vasco y Navarra han sido despedidos este mes de noviembre


El fin de los atentados de ETA hace cinco años ha dejado sin empleo a casi 4.000 escoltas, un colectivo que llegó a sumar 5.500 efectivos y que este mes de noviembre ha visto cómo se despedían a los últimos 109 trabajadores que en el País Vasco y Navarra integraban el dispositivo de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. 
La empresa privada Ombuds Compañía de Seguridad S.A. presentó el pasado 14 de noviembre un ERE --el séptimo-- de extinción para la totalidad de los escoltas de Euskadi y Navarra, una plantilla que llegó a superar los 3.000 efectivos sólo en estas dos regiones.
La Asociación Española de Escoltas (ASES) cifra en 5.500 los escoltas privados que formaron parte de la plantilla contratada por el Ministerio del Interior hasta 2010, cuando se iniciaron los primeros despidos ante la progresiva debilidad de ETA gracias a la eficacia de las operaciones policiales, principalmente en Francia. 
En la actualidad quedan unos 350 agentes privados que se suman al millar de escoltas de las fuerzas de seguridad del Estado que siguen prestando protección a personalidades, en cumplimiento del criterio fijado por el Ministerio del Interior. 
El Congreso ha tratado diferentes iniciativas para recolocar a los antiguos escoltas que hicieron frente a la amenaza de ETA en puestos de trabajo relacionados con la seguridad de prisiones o para hacer frente a la violencia de género. "A pesar de la buena voluntad de todos los partidos, la realidad es que no han llegado a concretarse en ninguna propuesta firme y de calado", ha asegurado a Europa Press el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz. 
Según sus datos, el 80% de los casi 4.000 antiguos escoltas ha conseguido un nuevo empleo como vigilantes de seguridad o en servicios de protección de altos ejecutivos de empresas. "Quedan otros 350 en una situación personal muy delicada porque no han conseguido reinsertarse en el mercado laboral", precisa el presidente de ASES. 
20 ESCOLTAS EN PRISIONES
La última vez que se trató este asunto en el Congreso fue en la Comisión de Interior del 18 de octubre, donde se aprobó una proposición no de ley a favor de la reinserción laboral de los calificados por la diputada socialista Zaida Cantera como "ángeles de la guarda". El PSOE y Ciudadanos criticaron lo que interpretan como un incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que prometió forzar a las empresas privadas a las que se concedió la seguridad perimetral de las prisiones a que contrataran a antiguos escoltas. 
El propio secretario de Estado de Seguridad hasta este 21 de noviembre, Francisco Martínez, defendió hace dos años en el Congreso que uno de cada tres escoltas que protegía a personas amenazadas por ETA se había integrado en este plan del Ministerio del Interior. Negó que se hubiera dejado "a nadie tirado" y habló de un "pacto de caballeros" que se había respetado, aunque advertía que a todos los antiguos escoltas no les había interesado pasar a hacer vigilancia privada. "No es el mismo trabajo", enfatizó. 
Según aclara el presidente de la Asociación Española de Escoltas, la realidad es que han sido 20 los antiguos escoltas que han sido reubicados en la seguridad perimetral de las cárceles, un número "simbólico" entre otras cosas porque la ley no puede obligar a empresas de seguridad privada a elegir qué personal contrata para desarrollar este trabajo. 
'CROWDFUNDING' PARA LA REINSERCIÓN
Para paliar lo anterior, la Asociación Española de Escoltas dispone en su página web de un proyecto de 'crowdfunding' por el que cualquier persona o entidad puede hacer donativos para respaldar la reinserción de quienes "prestaron con sacrificio, entrega y éxito protección a más de 2.000 cargos públicos y privados frente a la amenaza de ETA". 
El objetivo de esta campaña, lanzada hace cuatro meses y presentada a los grupos parlamentarios, es conseguir que estos antiguos escoltas pasen a prestar un servicio de chófer y acompañamiento a personas que lo precisen y que puedan requerir "una especial confianza y experiencia para sus desplazamientos". La ASES cita a menores, víctimas de violencia de género o personas con trabajos en zonas conflictivas como los potenciales beneficiarios.


El Servicio de Empleo no encuentra vigilantes para sus oficinas

Un joven delante de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz. CATA ZAMBRANO

Otras provincias cuentan ya con este servicio al haber podido adjudicar los contratos, mientras que 16 oficinas gaditanas no tienen vigilancia desde que expiró el contrato y aunque la Junta de Andalucía lo sacó a concurso en septiembre, quedó desierto

Las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la provincia de Cádiz siguen sin servicio de vigilancia desde el pasado 1 de junio, fecha en la que expiró el contrato con la empresa de seguridad privada que prestaba dichos servicios, según ha denunciado la Junta de Personal de la Junta de Andalucía. El 13 de julio se publicó licitación para contratar servicio de seguridad y vigilancia para 16 oficinas del SAE en la provincia de Cádiz, con un contrato por un importe total de 996.497,57 euros, "cuantía totalmente insuficiente a la vista de los resultados obtenidos: el procedimiento de licitación quedó desierto al no presentarse ninguna empresa interesada".

En otras provincias la Junta de Andalucía sí ha podido adjudicar los contratos de vigilancia seguridad de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. En Córdoba, logró adjudicar el servicio para seis oficinas el 12 de octubre. En Sevilla, para las oficinas de la calle Seda y Leonardo Da Vinci, el 5 de octubre; en Almería, en junio de este año, al igual que en Huelva,; en Granada se adjudicó en Mayo. En la provincia de Málaga se adjudicaron en diciembre de 2015.

La Junta de Personal "desconoce los pasos que se han dado por el SAE desde el 1 de septiembre, fecha en la que se declaró desierto el procedimiento de licitación, para solucionar esta grave carencia que afecta directamente al personal que presta sus servicios en las oficinas SAE y que en los últimos años han sufrido todo tipo de agresiones físicas y verbales como consecuencia de la crispación que sufren los miles de desempleados atendidos diariamente en dichas oficinas".

La Junta de Personal ha solicitado a la Junta que cubra los puestos de vigilancia recurriendo al cuerpo de funcionarios auxiliares de seguridad de la propia administración andaluza. "Queremos recordar al Servicio Andaluz de Empleo la existencia la existencia del Cuerpo de Funcionarios Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía se crea mediante la Ley 9/1996 por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, y se regula por el Decreto 189/2003, de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional del mencionado Cuerpo". Por tanto, estos funcionarios "están legitimados para la realización de las labores de vigilancia y custodia de edificios e instalaciones de la Junta de Andalucía".

Según los cálculos realizados por la Junta de Personal "con el presupuesto de la licitación que ha quedado desierta, 996.497,57 euros, sería más que suficiente para cubrir las necesidades de seguridad no solo de 16 oficinas, si no de todas las oficinas del SAE en la provincia de Cádiz". Este "es un ejemplo de que la Junta de Andalucía no apuesta por el empleo público y si por externalizar servicios a bajo coste, lo que implica que si alguna empresa aceptara el presupuesto de licitación repercutiría en los salarios del personal contratado por este". Abunda igualmente que ha consultado a empresas del sector de seguridad" y según trabajadores de las mismas, con las condiciones ofertadas por la Junta de Andalucía únicamente serian empresas piratas las que podrían optar a él, empresas denominadas así por los trabajadores del sector por pagar salarios inferiores al estipulado por convenio y ofrecer contratos basuras". 

Por ello "hemos presentado escrito a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo solicitando que inicie los trámites oportunos para contratación de personal funcionario interino del Cuerpo de Funcionarios Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía mediante oferta genérica al SAE, dada la no existencia de bolsa de interinos perteneciente a este cuerpo, para cubrir de forma inmediata las necesidades de seguridad en las oficinas SAE de la provincia de Cádiz".


UGT se moviliza en defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores de la seguridad privada

  • El sector de seguridad privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Granada ha celebrado una concentración en la entrada de la Subdelegación del Gobierno de Granada este lunes en protesta por la "situación de precariedad laboral e impagos" que afectan a los trabajadores de estas empresas.

GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)

El sector de seguridad privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Granada ha celebrado una concentración en la entrada de la Subdelegación del Gobierno de Granada este lunes en protesta por la "situación de precariedad laboral e impagos" que afectan a los trabajadores de estas empresas.
Los trabajadores han protestado por el retraso en el cobro de las nóminas en la empresa Mevisa, que presta sus servicios en centros de la Diputación de Granada, y de Segur Ibérica la cual "presentará un ERE a partir del día 25 de noviembre de 2016", según ha informado UGT en una nota de prensa en la que ha lamentado "la intolerante actitud de los empresarios al negarse a formar la mesa de negociación del próximo convenio colectivo estatal".
El responsable del sector de seguridad privada en UGT Granada, Torcuato Ruiz, ha denunciado, en este sentido, la situación "que están soportando los aproximadamente 900 trabajadores del sector de la seguridad privada en nuestra provincia" explicando que "salvo tres o cuatro grandes empresas del sector, donde trabajan en torno al 80 por ciento de los vigilantes de seguridad, las demás se niegan a cumplir con el convenio colectivo".
Además, según el representante sindical, hay un "alto grado de competencia desleal e intrusismo" en el sector lo cual "perjudica no sólo a las splantillas, sino a la propias empresas".
Igualmente, Torcuato Ruiz ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas que contratan servicios de seguridad privada "para que lo hagan con empresas adheridas al convenio colectivo vigente" pues "de otra forma, están favoreciendo el intrusismo laboral y la competencia desleal entre las propias empresas".

La Seguridad Privada como actividad complementaria de la Seguridad Pública en España

Jorge Salgueiro Rodríguez, presidente de Aecra y vocal experto en la Comisión Nacional de Seguridad Privada de España

La Seguridad Nacional integra todos los ámbitos de preocupación del Estado moderno, coordinando los esfuerzos para establecer condiciones de seguridad necesarias y suficientes para la obtención de los fines del Estado, en conformidad a los intereses nacionales y los objetivos sociales. De ahí que la propia unión Europea como Ente Supranacional, y a nivel interno el Gobierno de España haya aprobado una Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, hoy plenamente vigente ante la amenaza terrorista planteada por el llamado Estado Islámico a nivel Occidental.
Tras el 11 de marzo de 2004, España se planifica para protegerse de esta amenaza a través de políticas preventivas, donde la adquisición de información es el objetivo fundamental que debe perseguirse a través de la Seguridad y particularmente por aquellos que deben velar por el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Jorge Salgueiro Rodriguez, presidente de Aecra
La intervención y desarrollo de nuestro derecho de seguridad en los ámbitos privados, superando el concepto de nuestra autoprotección como un escalón o nivel superior al mismo, motiva la existencia y el ámbito de aplicación de la Seguridad Privada. La Seguridad Privada se fundamenta en la libertad de las ciudadanos para satisfacer sus necesidades de seguridad en sus ámbitos privados nunca públicos, conforme a sus recursos y objetivos que deben hallarse homologados por la autoridad competente.
En esta perspectiva, el desarrollo de la Seguridad Privada implica cada vez más una activa participación de Empresas y personal de seguridad, con la debida especialización/formación y con capacidad en la gestión de sistemas de seguridad, que puedan brindar al usuario la satisfacción completa de sus necesidades, y complementar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el mantenimiento de la seguridad pública.
Sobre el carácter de la seguridad privada como complementaria de la seguridad pública que no sustitutiva de la misma, se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 1998 al afirmar tal manera que: “su papel o función desarrollada por personal o empresa de seguridad de mera contribución al mantenimiento de la seguridad pública a la que puede ser requerido cualquier ciudadano no constituye ejercicio de poder público, de tal manera que en algunos caso desempeñan verdaderas funciones públicas y en otras son una mera actividad privada”.
La Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada supone la revisión y actualización de un marco legal del año 1992, con una clara vocación y voluntad de establecer nuevas soluciones que permitan tanto a los usuarios como a las Empresas de Seguridad avanzar en un modelo de Seguridad Privada que satisfaga un concepto más amplio de Seguridad integral con clara implicación de las nuevas tecnologías y que profundice en un modelo de integración, complementariedad y colaboración real de la Seguridad privada en la prevención o disuasión del delito, y no sólo en espacios exclusivamente privados.
En síntesis, la Seguridad Privada se fundamenta en la libertad de las personas para satisfacer sus necesidades de seguridad, conforme a sus recursos y objetivos. Los límites de la acción privada en la seguridad vienen dados por la legislación y por la ética profesional que debe acompañar toda actividad profesional. Bajo este mismo aspecto, es pertinente afirmar que la Seguridad Privada no se improvisa, sino que requiere conocimientos y experiencias adecuadas para lograr sus objetivos diseñados.
Parece que debemos interpretar que la Seguridad Privada cubre una serie de servicios que, en la práctica, resultan ser complementarias con el accionar policial. Al efecto, cuando la ciudadanía como colectivo desea aumentar sus niveles de seguridad, aparte de lo que ya realiza el Estado, recurre a servicios privados de seguridad, los cuales cumplen una labor complementaria y subsidiaria respecto de lo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y limitada expresamente a la propiedad privada, aunque ya existen Instituciones públicas que utilizan servicios de Seguridad Privada para poder conseguir sus fines en materia de protección.
Con esta clara voluntad de dotar al sector de la Seguridad Privada de un marco legal en el cuál no existan lagunas de ley, cumpliéndose la nota de generalidad propia de toda norma jurídica, se revelan fundamentales en la aplicación de la Ley 5/2014 de la Seguridad Privada, las definiciones insertadas en el artículo 2 de esta Ley citada.


El Govern actualizará el código de buenas prácticas de la seguridad privada

  • La Conselleria de Interior de la Generalitat actualizará el código de buenas prácticas del sector de la seguridad privada, un nuevo documento que se aprobará en los próximos meses en el consejo de dirección de la Dirección General de Administración de Seguridad.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Interior de la Generalitat actualizará el código de buenas prácticas del sector de la seguridad privada, un nuevo documento que se aprobará en los próximos meses en el consejo de dirección de la Dirección General de Administración de Seguridad.

Así lo ha explicado el conseller de Interior, Jordi Jané, durante la celebración del Dia Català de la Seguretat Privada, quien ha declarado: "El principio de trato digno y ejemplar ante la ciudadanía, el sector ya lo tiene. Pero nos tenéis que ayudar a que si alguien no lo cumple sea rechazado".
En el acto, en el que se han entregado distinciones a los profesionales del sector, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha destacado la importancia de la colaboración entre la seguridad pública y privada ante las nuevas amenazas en seguridad: "Nos necesitamos mutuamente", ha asegurado ante representantes del sector.


Rommy Arce defiende la supresión de seguridad privada en Junta de Arganzuela porque Policía Municipal puede suprirla

  • La concejala-presidenta de la Junta de Arganzuela, Rommy Arce, ha defendido este lunes durante el Pleno municipal la supresión de la seguridad privada en la Junta de Arganzuela en diciembre de 2015 porque "en coherencia con el área de Seguridad", y ha añadido que "las funciones que puede llevar a cabo la Policía Municipal en esa materia pueden suplir a los agentes privados".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La concejala-presidenta de la Junta de Arganzuela, Rommy Arce, ha defendido este lunes durante el Pleno municipal la supresión de la seguridad privada en la Junta de Arganzuela en diciembre de 2015 porque "en coherencia con el área de Seguridad", y ha añadido que "las funciones que puede llevar a cabo la Policía Municipal en esa materia pueden suplir a los agentes privados".
Así ha respondido Arce a la pregunta formulada por la popular Carmen Castell, quien le ha indicado a la concejala-presidenta que "mientras apoyaba a los okupas de Patio Maravillas otros amigos de lo ajeno asaltaron la sede de la Junta Municipal".
"Hace meses que vecinos, trabajadores y oposición reclamamos medidas para garantizar la seguridad de edificios públicos en los que hay robos. Usted a lo suyo, que es estar defendiendo delincuentes y maltratadores, en vez de hacer lo que debe, garantizar la protección en polideportivos y otros edificios municipales", ha indicado Castell.
Arce ha indicado que el robo se debió a "un hecho de carácter fortuito, a un fallo de régimen interno del edificio, ya subsanado".
"Las condiciones --para retirar la seguridad privada-- eran las idóneas para retirar el servicio, porque hay una caseta de la Policía Municipal que hace rondas", ha añadido la concejala-presidenta, para quien el PP tiene "intereses con las empresas de seguridad de sobra conocidos".
Castell ha afirmado que el día del robo "la alarma no funcionó" y que en el pasado mes de julio hubo 84 intervenciones policiales en el distrito tras quitar la seguridad en las piscinas.

Detenido por 41 delitos contra la propiedad

Además, al detenido le constaban 12 requisitorias judiciales y policiales en vigor, algunas de ellas para ingreso directo en prisión. Los agentes hallaron en su casa un uniforme de vigilante de seguridad y varias armas de fuego con las que pensaba cometer asaltos a viviendas ocupadas



Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona como presunta responsable de, hasta el momento, 41 delitos contra la propiedad.  A C.C.C. (varón, de 38 años de edad) se le considera autor de 4 robos con fuerza en vivienda, 23 robos con fuerza en casas de campo y segundas residencias, 5 delitos de hurto y uso de vehículo a motor, y 9 robos con fuerza en trasteros. 
Además, le constaban 12 requisitorias judiciales y policiales en vigor, 8 de ellas para ingreso directo en prisión.
A lo largo de la investigación, se ha podido constatar que el detenido no abandonaba la vivienda en horas diurnas, saliendo únicamente cuando se ponía el sol, para cometer los robos, permaneciendo el resto de día escondido en su casa, donde realizaba inspecciones periódicas del entorno a fin de poder detectar la presencia policial.
Un uniforme de vigilante de seguridad y armas de fuego con las que cometer asaltos a viviendas ocupadas
Los investigadores practicaron un registro en el domicilio del arrestado, una casa ubicada en un paraje rural del Camino de la Mangranera, aislada y rodeada de un alto seto que hacía las veces de parapeto, y en ella hallaron, además de multitud de efectos supuestamente procedentes de los robos cometidos (tan variopintos como, por ejemplo, un arco con flechas, unas botas para practicar snowboard, una caña de pescar o varias botellas de vino), también un uniforme completo de trabajador de una empresa de seguridad, un arma larga y otra corta, lo que hace indicar que tenía pensado dar un salto cualitativo en su actividad delictiva preparándose para cometer asaltos a viviendas ocupadas.
Hasta el momento, al detenido se le imputa la comisión de 41 delitos contra la propiedad.  Concretamente, 4 robos con fuerza en viviendas habitadas, 23 robos con fuerza en casas de campo y segundas residencias, 5 delitos de hurto y uso de vehículo a motor -en uno de ellos, acabó incendiando el vehículo sustraído-, y 9 robos con fuerza en trasteros.  No obstante, las investigaciones continúan abiertas al objeto de esclarecer otros hechos de semejante naturaleza en los que el arrestado pudiera estar implicado.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.
Las investigaciones han sido desarrolladas por agentes de la Comisaría de Distrito de San José, en colaboración con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.